La minería ilegal no se extrae, se procesa

Perú exhibe cifras económicas favorables en minería , exportaciones que superan los US$21.000 millones y una cartera de inversión que bordea los US$64.000 millones .

Pero ese optimismo convive con una amenaza que ningún plan de gobierno quiso nombrar con claridad durante la campaña: la minería ilegal e informal, que hoy constituye la economía ilícita más grande del país, por encima del narcotráfico.

En su mensaje por Fiestas Patrias , la presidenta sí se refirió al problema, en tono contundente, su gobierno usará las herramientas que le da la Constitución para recuperar los territorios tomados por la minería ilegal, el narcotráfico y el crimen organizado, con decretos de urgencia, facultades legislativas y modernización policial.

Pero conviene no confundir un anuncio contundente con una política, la minería ilegal apareció diluida dentro de una estrategia general contra el crimen organizado, sin capítulo propio, y especialistas como Iván Arenas ya advirtieron que tampoco fue eje central del borrador de facultades legislativas que prepara el Ejecutivo.

Más llamativo aún, en un discurso con espacio para el crimen organizado, la presidenta no mencionó una sola vez al Reinfo, el mecanismo que la propia industria minera formal identifica como el principal “camuflaje jurídico” de la minería ilegal.

Ese silencio no es menor.

El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno , ha sido más explícito, reconoció que, al renovarse el Congreso , la Ley MAPE “vuelve a foja cero”.

Hasta ahí, razonable.

Lo que preocupa es que, consultado sobre una eventual ampliación del Reinfo , no la descartó.

De ahí que el primer reto de este gobierno sea de coherencia, no basta con hablar duro sobre crimen organizado si, en la letra chica de la política sectorial, se sigue abriendo la puerta a una nueva prórroga.

Ya vivimos ese contraste con el reglamento de la Ley MAPE de mayo del año pasado, aunque el Minem argumentaba que el Reinfo dejaría de existir con la nueva norma, el propio texto sustitutorio que manejaba la Comisión de Energía y Minas seguía otorgando beneficios a los inscritos, prolongando su vigencia por la puerta de atrás.

Si el patrón se repite, la nueva Ley MAPE corre el riesgo de convertirse en un Reinfo con otro nombre.

El segundo reto es normativo, la ley necesita plazos definitivos, no vocación de permanencia.

Cada requisito de formalización —titularidad de concesión, instrumento ambiental, contrato de explotación— debe tener fecha límite y consecuencias reales para quien no la cumpla.