Gobierno Petro habría interferido en proceso de extradiciones de varios criminales, aseguró exministra de Justicia: “Hubo intromisión”

La exministra de Justicia Ángela María Buitrago afirmó que su salida del gobierno de Gustavo Petro estuvo relacionada con su negativa a avalar beneficios para jefes criminales en el marco de la paz total.

Señaló que dejó constancia escrita de que no podían avanzar diálogos ni suspensiones mientras los grupos continuaran delinquiendo, no entregaran armas y no realizaran actos verificables de sometimiento.

A proposito de la ordén del presidente Abelardo de la Espriella de dar vía a la extradicción de a Estados Unidos de cinco cabecillas de grupos criminales, de los cuales, estan en custodía, Willington Henao Gutiérrez, alias El Mocho Olmedo;Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias Muñeca, y Geovany Andrés Rojas, conocido comoAraña, mentras que Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, y a Gabriel Yepes Mejía, alias HH, estan prófugos de la justicia.

En entrevista con Blu Radio , Buitrago ubicó uno de los episodios centrales en mayo de 2025, cuando firmó la resolución de extradición de Gabriel Yepes Mejía, alias HH, mientras el presidente estaba en China.

Tras su salida, la decisión fue modificada: la extradición se concedió, pero quedó suspendida mientras el jefe criminal permanecía, supuestamente, en mesas de paz.

La exministra precisó que presentó su renuncia el 15 de mayo de 2025 y dejó el cargo el 16 de mayo de 2025, “entre otras cosas” por la intervención de la Oficina del Comisionado de Paz en un trámite que, según ella, no era de su competencia.

Relacionó esa tensión con la captura de alias Andrés Araña en febrero de 2025.

Defendió la legalidad del procedimiento ejecutado por el CTI porque respondía a una circular roja de Interpol y a una orden internacional, y afirmó que ni jueces ni fiscales podían suspender una medida de esa naturaleza.

Buitrago cuestionó el uso de la paz total La exministra resumió su posición con una objeción jurídica y política.

“Siempre cuando yo fui ministra de Justicia manifesté que no podía sentarse a la mesa sin que hicieran actos de sometimiento, ni entregaran armas, ni se desmantelaran.

No podían seguir delinquiendo”, afirmó.

Sostuvo que el Ministerio de Justicia no tenía competencia sobre el proceso de paz, que esas decisiones correspondían al presidente y al comisionado, y que su intervención consistió en dejar constancias formales sobre los riesgos de negociar con estructuras que mantenían control territorial, extorsiones y otras actividades criminales.

Cuestionó la interpretación de la ley 2272.

“La paz total fue utilizada para cosas que tampoco tenían como marco la paz total”, dijo.