Alianza pesquera Malvinas-España ante reto doble: presión argentina y escasez de calamar

Pablo Duer Islas Malvinas, 22 sep (EFE).- La alianza pesquera forjada durante cuatro décadas entre empresas españolas y de las islas Malvinas, clave para el desarrollo de la principal industria del archipiélago, afronta ahora un doble desafío: una persistente escasez de calamar y la renovada presión argentina contra el Reino Unido en su disputa de soberanía.

Hasta mediados de la década de 1980, la economía isleña dependía en gran medida de la ganadería ovina y la exportación de lana, pero el desarrollo de la pesca desde 1986 -cuatro años después de la guerra entre Argentina y el Reino Unido- transformó su estructura productiva y multiplicó los ingresos.

Cuatro décadas después, el sector representa cerca del 60 % del producto interior bruto (PIB) y constituye una de las principales fuentes de ingresos públicos, además de alimentar otros rubros como transporte, logística, servicios portuarios y alojamiento.

Sin tradición pesquera propia, las empresas malvinenses buscaron socios extranjeros y España adquirió un papel central, sobre todo en la captura del calamar, mediante la creación de sociedades que combinaron los derechos de pesca y el conocimiento local con el capital, los barcos y la experiencia de los españoles.

Buena parte de esa integración tiene su epicentro en Galicia: allí se han construido muchos buques, empresas españolas participan en su gestión y Vigo funciona como puerta de entrada para la mayor parte del calamar, que luego se dirige a otros mercados europeos, como Italia, Grecia y Croacia, según fuentes del sector consultadas por EFE.

La cooperación ha incluido una creciente transferencia de conocimiento y generado vínculos que la directora ejecutiva del Gobierno de Malvinas, Andrea Clausen, describe como "prácticamente familiares".

Esos vínculos podrían verse afectados ahora por la renovada reivindicación argentina de la soberanía, que en las últimas semanas se ha materializado en sanciones y denuncias judiciales contra empresas que operan en el archipiélago.

Si bien esas medidas se han enfocado en el sector petrolero, el presidente Javier Milei envió el pasado 17 de septiembre al Congreso un proyecto de ley para ampliar las sanciones por explotar recursos naturales en las Malvinas sin autorización argentina, con multas, inhabilitaciones y posibles cancelaciones de permisos para operar en el país suramericano.

Las eventuales consecuencias preocupan al sector, que por ahora no percibe señales de que las empresas españolas estén reconsiderando sus negocios en las islas.