Guatemala multiplicó por cinco las sentencias bajo la ley de aceptación de cargos en tres años, según Centro de Investigaciones

El expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina es el único caso público conocido de revocación del beneficio previsto por la ley de aceptación de cargos, tras incumplir el pago de la reparación digna a las víctimas.

La condena reducida quedó por debajo de cinco años, por lo que pudo conmutarla mediante un pago al Estado, una alternativa que resultó más conveniente que cumplir con la compensación ordenada.

La expansión del mecanismo coincidió con una reducción del 44% de la población en prisión preventiva entre 2020 y 2026: pasó de representar el 47% de las personas privadas de libertad a cerca de un tercio.

Sin embargo, no existe certeza sobre cuánto de ese descenso responde a este procedimiento y cuánto a otros factores, incluida la baja registrada desde la pandemia en 2021.

La evaluación presentada por la economista Corinne Dedik para el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) identifica dos vacíos centrales: no hay un sistema de apelación para discutir la reparación digna y tampoco existen registros que permitan establecer cuántas personas incumplieron esa obligación en otros procesos.

De 500 a casi 3,500 sentencias en tres años La ley de aceptación de cargos fue aprobada mediante el decreto 10-2019 del Congreso de la República y modificó el Código Procesal Penal.

Las acciones de inconstitucionalidad suspendieron la vigencia de la norma hasta junio de 2022, cuando la Corte de Constitucionalidad las declaró sin lugar.

Desde entonces, las sentencias bajo este mecanismo pasaron de 500 en 2022 a casi 3,500 en 2025.

Una de cada tres condenas obtenidas actualmente por el Ministerio Público se resuelve mediante aceptación de cargos.

El procedimiento se convirtió en el segundo más utilizado del sistema penal, por encima del proceso abreviado y solo detrás del procedimiento común, que se mantiene en unas 7,000 sentencias anuales.

La norma buscó reducir la duración de causas que, aunque legalmente deberían resolverse en 140 días, superan en promedio los 900 días.

Esa demora equivale a más de dos años y medio, de acuerdo con un análisis de la CICIG citado durante la presentación.

El sistema permite una rebaja de 50% de la pena si la persona acepta los cargos durante la investigación, de 30% si lo hace en la etapa intermedia y de 20% una vez iniciado el debate oral, antes de que se reciban las pruebas.

La decisión corresponde únicamente al sindicado y se formaliza ante un juez, sin una negociación con el Ministerio Público.