Ruiz-Gallardón testifica en el juicio de corrupción por operaciones del Canal de Isabel II
Madrid, 15 sep (EFE).- El expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón está citado este martes para declarar como testigo en el primer juicio del caso Lezo, seguido por operaciones supuestamente corruptas en el Canal de Isabel II, por el que están siendo juzgados dos exconsejeros de su gobierno autonómico.
Entre los testigos citados para este martes figuran también los exconsejeros de la Comunidad madrileña Manuel Cobo y Luis Peral.
Se sientan en el banquillo 19 acusados, entre ellos los exconsejeros Pedro Calvo Poch y Juan Bravo Rivera, que en el momento de los hechos, en 2001, formaban parte del Consejo de Administración de Canal de Isabel II -el primero como presidente de esta entidad- junto con otros nueve procesados.
También son juzgados tres excargos del Canal de Isabel II y otros relacionados con Aguas de Barcelona SA (AGBAR).
La fiscal mantiene en sus conclusiones provisionales que en el marco del plan de expansión internacional aprobado por Canal de Isabel II el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid otorgó el 29 de noviembre de 2001 autorización a esta empresa pública para adquirir el 75 por ciento de la colombiana Interamericana de Aguas y Servicios S.A. (INASSA) por 73 millones de dólares.
Añade que la operación estuvo plagada de ilicitudes y "contrariamente a lo autorizado" por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid se hizo de manera indirecta, pues lo que realmente se compró fue la panameña Aguas de América S.A. (SAA), entre cuyos activos se encontraba el 75 por cieno de INASSA y el 51 por ciento de la sociedad dominicana WATCO S.A..
La fiscal explica que ello provocó un "sobreprecio indebido" de entre 19.066.500 y 29.013.109 euros con cargo a fondos públicos, sin motivo alguno que lo justificase y "en beneficio exclusivo de los vendedores".
En sus conclusiones provisionales la Fiscalía pide para los acusados penas de entre seis y siete años de prisión como presuntos autores de un delito de malversación de caudales públicos. EFE
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