Más de 70 entidades deberán rendir cuentas ante el Concejo de Bogotá: el cabildo medirá si la capital resistiría un sismo de gran magnitud

El 27 de agosto, el Concejo de Bogotá citará a más de 70 entidades y organismos distritales a un debate de control político que busca establecer el verdadero nivel de preparación de la ciudad frente a un sismo de alta magnitud y la capacidad de respuesta ante una emergencia de este tipo.

El debate, convocado por el presidente de la Comisión de Gobierno, Julián Espinosa Ortiz, mediante la Proposición 619 de 2026, apunta a obtener respuestas precisas sobre infraestructura, recursos, planes de emergencia y condiciones actuales de la capital.

La sesión fue aprobada el 10 de julio y pone en el centro del análisis la seguridad sísmica de Bogotá, un tema que cobra urgencia tras el evento telúrico de magnitud 7.4 ocurrido el 10 de agosto en el Pacífico y Eje cafetero, que reavivó la preocupación sobre la resiliencia de la ciudad ante desastres naturales.

Entidades clave y ejes del control político La convocatoria incluye a organismos como Idiger, Bomberos de Bogotá, las secretarías de Salud, Seguridad, Planeación, Hábitat, Hacienda y Gobierno, el IDU, la Secretaría de Movilidad, el Acueducto de Bogotá, las cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud, la Personería, Contraloría, Veeduría Distrital y las cinco Curadurías Urbanas.

Todas deberán presentar informes detallados sobre sus planes y capacidades para enfrentar un sismo.

Qué deben presentar las entidades del distrito: El Idiger deberá especificar el escenario de amenaza sísmica para Bogotá, detallar las fallas geológicas con influencia en el distrito y enumerar los recursos logísticos disponibles para atender un evento extremo.

Bomberos de Bogotá está llamado a informar cuántas de sus estaciones cumplen con normas de sismorresistencia, el número de grupos de búsqueda y rescate certificados, y el nivel de autonomía operativa ante emergencias complejas.

La Secretaría Distrital de Salud tendrá que discriminar cuántos hospitales y clínicas cumplen la normativa sismorresistente, diferenciando entre entidades públicas y privadas, además de informar sobre la capacidad efectiva para atender un desastre mayor.

El IDU y la Secretaría de Movilidad deberán dar cuenta de la condición estructural de puentes y la red semafórica, así como de los protocolos de tráfico a implementar tras un sismo de gran magnitud.

El Acueducto de Bogotá informará sobre vulnerabilidades en redes, presas y embalses, y los mecanismos previstos para asegurar el suministro de agua potable.

Las Secretarías de Planeación y Hábitat informarán sobre acciones para reducir los efectos sísmicos en edificaciones urbanas y rurales.

Las Curadurías Urbanas deberán detallar la verificación del cumplimiento normativo, licencias negadas por incumplimiento y posibles irregularidades estructurales detectadas entre 2022 y 2026.