EE. UU. cambia las reglas para obtener la Green Card: estos son los nuevos requisitos que deberán cumplir los solicitantes

El gobierno de Estados Unidos anunció una reforma integral en la evaluación de las solicitudes de residencia permanente (“green card”) , que amplía los criterios para determinar la “carga pública” y modifica el formulario I-485 a partir del 18 de septiembre de 2026.

El cambio fue oficializado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos ( USCIS ) y el Departamento de Seguridad Nacional ( DHS ) a través de publicaciones en el Registro Federal, y constituye la transformación más amplia del proceso de ajuste de estatus en más de una década.

El DHS comunicó que la nueva normativa sustituye por completo la regulación aprobada en 2022 y busca ajustar la política migratoria a los parámetros del Congreso, restaurando un enfoque más detallado y flexible en la determinación de la autosuficiencia de los solicitantes.

De acuerdo con los documentos oficiales, los cambios afectan tanto los criterios de evaluación como el procedimiento administrativo, y tendrán impacto inmediato sobre quienes busquen la residencia legal en el país a partir de septiembre.

USCIS estableció que no habrá periodo de transición para la implementación del nuevo formulario I-485: toda solicitud presentada con la edición previa será rechazada automáticamente desde el primer día de vigencia.

La agencia detalló que las solicitudes en trámite antes del 18 de septiembre seguirán evaluándose bajo las reglas anteriores, mientras que las nuevas quedarán sujetas a los criterios actualizados, que amplían el universo de beneficios públicos a considerar y refuerzan la evaluación caso por caso. ¿Cuáles son los principales cambios en la evaluación de carga pública? Según la normativa publicada por USCIS y el DHS , la nueva guía obliga a los oficiales migratorios a considerar cinco factores principales para determinar si un solicitante podría convertirse en una “carga pública”: edad, salud, estatus familiar, bienes y situación financiera, y educación y habilidades .

Los oficiales también podrán analizar cualquier otro elemento relevante, incluidos antecedentes de recepción de beneficios públicos sujetos a verificación económica.

Los documentos oficiales explican que, a diferencia de la regulación de 2022 —que solo contemplaba asistencia en efectivo para mantenimiento de ingresos y la institucionalización prolongada a expensas del Estado—, la nueva política permite evaluar cualquier beneficio público sujeto a verificación de recursos , como Medicaid, CHIP, WIC, SNAP, subsidios federales para vivienda y ayuda financiera para estudios universitarios.

De este modo, la autoridad migratoria amplía el alcance de la ley y refuerza la discrecionalidad de los oficiales en el examen de cada caso.