Pescadores en Taganga estarían “extorsionando” a Ecopetrol para permitir desarrollar el megaproyecto de gas Sirius: “Están pidiendo un montón de plata”
La producción de gas de Sirius para 2030 y 2031 depende de que sus promotores obtengan las licencias ambientales requeridas y cierren las consultas previas pendientes.
El proyecto, situado en el mar Caribe, enfrenta tensiones con una comunidad de Taganga que, según directivos de las empresas, formuló exigencias económicas que amenazan el cronograma .
El megaproyecto podría aportar más de 170.000 millones de metros cúbicos de gas natural (más de seis terapiés cúbicos), frente a los cerca de 48.000 millones de metros cúbicos (1,7 terapiés cúbicos) de reservas colombianas registradas al cierre de 2025.
Su producción estimada alcanza 13,3 millones de metros cúbicos diarios (470 millones de pies cúbicos diarios).
El principal trámite pendiente para iniciar la explotación es una consulta previa con la comunidad de Taganga, una población de pescadores artesanales cercana a Santa Marta.
Sin un acuerdo protocolizado, las compañías no podrán presentar ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) la solicitud necesaria para extraer el recurso.
La gerente general de Costa Afuera y Exploración de Ecopetrol, Elsa Jaimes, describió la situación como el principal obstáculo para el proyecto.
“Esa comunidad está a nivel de extorsión.
Está pidiendo un montón de plata”, afirmó la directiva, sin revelar el monto de las solicitudes .
Jaimes sostuvo ante El Tiempo que la falta de un acuerdo con esa población bloquea el proceso ambiental.
La ejecutiva definió la negociación pendiente como “el cuello de botella” para avanzar con el gas hallado en aguas del Caribe.
El presidente de Petrobras Colombia, Alcindo Moritz, coincidió en que la iniciativa no puede quedar condicionada por reclamos que las empresas consideran desproporcionados.
Petrobras es la operadora de Sirius.
Moritz señaló al diario nacional que las compañías no pueden convertirse en “rehenes de una comunidad que quiere un pago 20 veces mayor que otras 116 comunidades”.
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