Juliana Guerrero habría incurrido en otro delito según la Procuraduría: fue condenada a tres años por falsificación de títulos universitarios

La Procuraduría pidió revisar si Juliana Guerrero pudo haber incurrido en otro delito, además del fraude procesal que aceptó en un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, una actuación separada que no implica una nueva responsabilidad penal ni modifica por ahora la condena ya impuesta.

La solicitud surgió después de que el Juzgado 46 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá avalara la negociación y fijara una pena de tres años de prisión, suspendida condicionalmente, junto con una multa de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, explicó que el delegado del Ministerio Público que intervino en la audiencia apeló el alcance del acuerdo.

La petición busca determinar si los hechos permiten examinar una conducta penal distinta de la incluida inicialmente en la negociación.

“El procurador delegado ante ese caso apeló y dijo que había que examinar la posibilidad de la comisión de otro delito distinto a aquel mediante el cual hicieron el acuerdo” , afirmó Eljach.

Durante la diligencia se pidió compulsar copias para que la Fiscalía evalúe una posible falsedad ideológica en documento público, un delito contra la fe pública .

El juez aceptó esa petición, pero la decisión solo permite que se estudie la eventual apertura de una investigación independiente.

La Fiscalía deberá establecer si existen elementos para avanzar en esa línea y, de ser así, cumplir las etapas procesales antes de formular cualquier imputación.

Guerrero no ha sido declarada responsable por esa posible conducta adicional.

Eljach sostuvo que el delegado actuó con autonomía en el proceso y que su intervención no obedeció a órdenes de la dirección de la entidad.

“Él tiene autonomía plena e independencia.

Nadie lo manda; yo no lo mando.

Él ejerce su función y el juez evaluará si tiene razón o no” , manifestó.

La autoridad judicial será la encargada de resolver los argumentos presentados y de definir si corresponde revisar los efectos del acuerdo alcanzado entre Guerrero y la Fiscalía.