El hackeo al legajo de Weretilneck ya registró su primera audiencia judicial, con cuestionamientos

El acceso al legajo del gobernador Alberto Weretilneck registró este miércoles su primera audiencia judicial, a partir de una serie de planteos de la defensa del único acusado de haber ingresado sin autorización al sistema informático de la provincia de Río Negro, a fines de junio.

El hecho trascendió inicialmente cuando el investigado -cuya identidad aún no puede difundirse por decisión judicial -hizo públicas copias de recibos salariales del mandatario.

El gobierno provincial comunicó después oficialmente la “ filtración de información reservada de sus sistemas informáticos”, cuando en varios medios difundieron fake news sobre un supuesto allanamiento judicial que nunca existió y las informaciones especulaban con una causa en contra del gobernador.

La gacetilla oficial comunicaba del acceso a “recibos de sueldos de integrantes del Ejecutivo, entre ellos, el propio gobernador”. La única filtración, hasta ahora conocida, corresponde a Weretilneck.

Para entonces, la fiscalía de Viedma ya trabajaba sobre una denuncia presentada por el mandatario. Entre las medidas posteriores, se produjo el secuestro en Altec de una CPU que había sido retirada de la Casa de Gobierno y que, según la investigación, habría sido utilizada por el acusado.

También se recibieron testimoniales en la Secretaría de la Función Pública, como también, media docena de entrevistas con técnicos de esa sociedad estatal de tecnología.

Este miércoles, el juez Carlos Dvorzak presidió la primera audiencia por solicitud del defensor Santiano Güenomil, mientras que por la fiscalía intervinieron Yanina Estela y Sofía Lento.

Inicialmente, la defensa pidió que el debate se realizara de manera privada y preservar la identidad del acusado, bajo la protección de la presunción de inocencia.

Además, Güenomil entendió la necesidad de reservar detalles confidenciales del sistema informático que figuran en el expediente ya que su difusión podría generar “un ingreso masivo” y un “perjuicio grave” para la red pública del Estado provincial.

La fiscal Estela desestimó esos riesgos y el juez rechazó el pedido de realizar la audiencia a puertas cerradas. Sí dispuso que los medios no difundan el nombre ni imágenes que permitan identificar al imputado.

En primer lugar, Güenomil sostuvo que el hecho investigado sería de “acción privada”, lo cual, determinaría que la fiscalía se aparte de la investigación. Según su interpretación, debería ser la persona directamente afectada -en este caso, el gobernador- quien impulsara la acción ante el Poder Judicial.

Estela rechazó ese planteo. Defendió el carácter público del delito investigado y recordó, además, el agravamiento previsto por la ley cuando la presunta violación afecta a un sistema perteneciente a un organismo estatal.

La discusión se concentra en el artículo 153 bis del Código Penal, referido al acceso ilegítimo a sistemas o datos informáticos de acceso restringido.