Diputados y senadores rediseñan sus propias reglas

Madrid, 20 ago (EFE).- Diputados y senadores han decidido esta legislatura rediseñar sus propias reglas y han impulsado una quincena de reformas de sus respectivos reglamentos, una actividad inédita que ha cambiado desde los requisitos para formar grupos parlamentarios al uso de las lenguas cooficiales.

La necesidad del PSOE de atender las demandas de sus socios minoritarios ha abierto la puerta a destacados cambios del Reglamento del Congreso, mientras que la mayoría absoluta del PP en el Senado ha generado un escenario de permanente confrontación, que ha derivado también en diversas modificaciones de sus normas.

El Congreso ha aprobado en los últimos tres años cuatro reformas y tramita cinco más, mientras que el Senado ha modificado su texto en seis ocasiones esta legislatura.

Desde 1982, la norma que rige el Congreso se ha modificado dieciséis veces y la del Senado, veintinueve.

Los reglamentos parlamentarios no son leyes, pero su fuerza y rango es similar, según el Tribunal Constitucional (TC).

Se aprueban por mayoría absoluta, como si fueran leyes orgánicas, y con la particularidad de que no necesitan el refrendo de la otra cámara: basta una votación.

Las cuatro reformas del Reglamento del Congreso aprobadas desde las últimas elecciones han sido impulsadas por formaciones del bloque de la investidura, liderado por PSOE y Sumar.

Los partidos independentistas, regionalistas y minoritarios de izquierdas (ERC, Junts, EH Bildu, PNV, Podemos, Compromís y el BNG) han jugado un papel activo y firmado en común la que permitió el uso del catalán, el euskera y el gallego nada más iniciarse la legislatura, en septiembre de 2023.

También la última aprobada hasta el momento: la que en julio pasado modificó el artículo 23 del Reglamento para rebajar los requisitos mínimos de escaños y porcentajes de voto necesarios para formar grupos parlamentarios. Su entrada en vigor está prevista para la próxima legislatura.

Las reformas sobre el lenguaje inclusivo de hace un año y del régimen disciplinario de los diputados aprobada este junio nacieron directamente de los partidos del Gobierno de coalición.

El PP, en cambio, no ha necesitado aliados para cambiar el texto reglamentario del Senado, dada su holgada mayoría esta legislatura.

Poco después de la investidura, antes de que llegara la ley de amnistía desde el Congreso, impulsó una reforma para ralentizar su tramitación: aunque una norma proceda con el carácter de urgente el Senado podía decidir sobre su urgencia.

Así, la ley de amnistía permaneció el máximo posible en la Cámara Alta, dos meses.

Año y medio más tarde esa reforma fue declarada inconstitucional por el TC.