Este es el millonario contrato que habría recibido la prima de ‘La Coco’, la presunta ‘mariposa amarilla’ de Petro: quedó ‘amarrada’ a Coosalud pese al cambio de gobierno

Coosalud EPS comprometió pagos hasta diciembre a Martha Elena Zawady Rodríguez mediante un contrato para coordinar la oficina de Comunicaciones de la cooperativa, firmado por el entonces agente especial Bayron Arrieta Jiménez.

Según documentos conocidos por la revista Cambio , la prima de María Masip Zawady, también conocida como ‘La Coco’ y quien haría parte de la polémica red de contratación irregular durante el gobierno de Gustavo Petro conocida como ‘mariposas amarillas’, el millonario contrato quedó vigente aun si cambiaba la administración de la entidad.

El acuerdo se suscribió el 11 de agosto de 2026, es decir cuatro días después de la posesión de Abelardo de la Espriella, y fijó un valor de 50 millones de pesos más IVA.

El documento contempló cinco pagos mensuales de 10 millones de pesos entre agosto y diciembre, aunque el primer desembolso mantuvo el mismo monto pese a que la contratación comenzó avanzada la primera quincena de ese mes.

La vinculación de Zawady se produjo en medio de una disputa judicial por la intervención de la Cooperativa Coosalud, que estaba bajo control de agentes especiales designados por la Superintendencia de la Economía Solidaria.

El 17 de diciembre de 2024, esa entidad ordenó la toma de posesión de la cooperativa.

La decisión dejó la administración y la representación legal en manos de interventores nombrados por la Superintendencia.

Bayron Arrieta asumió como agente especial el 6 de julio de 2026, tras una designación de la entonces superintendente María José Navarro.

Según fuentes consultadas por el medio, Navarro era cercana al entorno de María Masip Zawady.

La exfuncionaria reconoció ante Cambio que conocía a Masip, aunque negó que esa relación hubiera tenido influencia en sus nombramientos o en sus decisiones.

Quince días después de la firma del contrato, el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cartagena ordenó a Arrieta entregar la administración material, contable y financiera de Coosalud a la Asamblea General de Delegados vigente.

La decisión judicial respondió a una tutela presentada por asociados que cuestionaron la prolongación de la intervención.

Los demandantes sostuvieron que la medida no había cumplido el objetivo de recuperar la cooperativa y que afectó sus derechos económicos y políticos.

Entre los puntos expuestos ante el juzgado figuró la exclusión de 3.149 de los 5.199 asociados en un proceso para elegir delegados.