Advierten que la ley por Malvinas incluye amenazas a la libertad de expresión y riesgos de censura

El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que el gobierno de Javier Milei envió al Congreso generó cuestionamientos por las posibles limitaciones a la libertad de expresión y de prensa y los riesgos de censura que podrían derivarse de algunos de sus artículos.

La iniciativa incorpora nuevos delitos vinculados con la “ desinformación masiva ”, la “ manipulación de la opinión pública ”, la influencia extranjera y las operaciones clandestinas, con penas que parten de cinco años de prisión y, en algunos casos, llegan hasta 20.

Constitucionalistas y dirigentes de la oposición consultados por Infobae advirtieron sobre tipos penales abiertos, márgenes de discrecionalidad y un eventual efecto intimidatorio que podría favorecer la autocensura.

“ Hay riesgos claros de censura previa a través de lo que se llama el efecto intimidante ”, afirmó el constitucionalista Andrés Gil Domínguez , quien cuestionó la combinación entre definiciones que considera indeterminadas y sanciones penales elevadas.

“El miedo a un tipo penal de estas características.

Vos empezás a cuidar lo que vas a decir”, explicó.

El principal punto de controversia está en el artículo 111 del proyecto , que propone incorporar un nuevo artículo 225 bis al Código Penal.

La norma establece entre cinco y doce años de prisión para quien, actuando por cuenta, orden o financiamiento total o parcial de un Estado extranjero, una organización o un agente extranjero, procure alterar procesos electorales o “manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva”.

La pena aumenta a ocho a quince años cuando la conducta se comete mediante amenazas, sobornos, coerción o utilización de estructuras criminales.

La discusión sobre la libertad de expresión también abarca el artículo 88, que contempla como infracción contra la Seguridad Nacional determinadas conductas vinculadas con un Estado u organización extranjera que interfieran, mediante medios “clandestinos, engañosos o coercitivos”, en el proceso decisorio de las autoridades argentinas.

El artículo 90 convierte al Consejo de Seguridad Nacional en autoridad de aplicación de ese régimen y el artículo 97 le permite tomar medidas urgentes frente a una amenaza considerada “grave e inminente”, incluso antes de que se inicie formalmente un procedimiento sancionatorio.

Las dudas sobre la definición de desinformación El cuestionamiento central apunta a quién determinará qué constituye “desinformación”, cuándo una campaña busca “manipular la opinión pública”, qué convierte un mecanismo de comunicación en “engañoso” y cuáles serán los parámetros para definir una amenaza a la Seguridad Nacional.