Polonia otorgará prestaciones sociales a matrimonios del mismo sexo pese a conflicto legal

Cracovia (Polonia), 18 sep (EFE).- Las parejas del mismo sexo casadas en el extranjero e inscritas en Polonia podrán reclamar los mismos derechos y prestaciones en materia de bienestar social que las parejas heterosexuales, anunció el Gobierno este viernes, una medida que aplicará a pesar de que el Tribunal Constitucional declaró inválido el registro de estos enlaces.

En declaraciones al portal de noticias WP, la ministra de Familia, Trabajo y Política Social, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, anunció este viernes que "el Instituto de Seguros Sociales ya está pagando las primeras prestaciones a matrimonios homosexuales".

La ministra añadió que ese organismo "sabe y entiende que el amor es amor, el matrimonio es matrimonio y que estos derechos serán respetados", en alusión a unas prestaciones que se pagan a los cónyuges que se ocupan de su pareja enferma o discapacitada.

Un cambio en el reglamento del registro civil introducido en agosto permite que las parejas homosexuales casadas en el extranjero obtengan el reconocimiento administrativo de su vínculo inscribiéndolo en el registro civil polaco.

Asimismo, la ministra anunció que el Gobierno prevé conceder próximamente a estas parejas otros derechos fiscales, como la declaración conjunta del impuesto sobre la renta (IRPF), así como exenciones en el impuesto sobre sucesiones y donaciones.

Aunque en Polonia no se permiten los matrimonios del mismo sexo y la propia Constitución define el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, un reglamento del Ministerio de Digitalización aprobó en agosto de 2026 la transcripción de enlaces realizados en el extranjeo, en base a sendas sentencias del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y del Tribunal Supremo Administrativo (NSA).

Sin embargo, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional este reglamento de inscripción, respondiendo a una demanda de la oposición ultraconservadora del partido Ley y Justicia (PiS).

Pese a este fallo, el Ejecutivo liderado por el centrista Donald Tusk mantiene la validez del procedimiento administrativo para abonar las prestaciones, porque cuestiona la legitimidad del Tribunal Constitucional y, en la práctica, trata muchas de sus resoluciones como políticamente viciadas y no vinculantes.

EFE