Malvinas: venció el ultimátum de la Argentina al Reino Unido y es inminente el pedido de arbitraje al Tribunal del Mar

El plazo de dos semanas que el gobierno de Javier Milei concedió al Reino Unido para detener las actividades vinculadas con el proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas venció este lunes y abrió una nueva etapa del reclamo argentino.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezado por Pablo Quirno , trabaja ahora para formalizar, durante esta semana, una presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar , con sede en Hamburgo , en busca de medidas provisionales que puedan impedir el avance del emprendimiento mientras se desarrolla un arbitraje internacional.

Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales con conocimiento de las actuaciones, la Cancillería conduce la estrategia diplomática y jurídica internacional, mientras que la Procuración del Tesoro de la Nación , encabezada por Sebastián Amerio , trabajó durante las últimas semanas sobre los aspectos legales de la presentación.

Los próximos pasos contemplan completar las instrucciones a los abogados que llevarán el caso.

Todavía resta determinar si la representación se organizará exclusivamente con letrados argentinos o si se incorporará asesoramiento jurídico externo.

La presentación fue proyectada para esta semana, aunque no tiene una fecha pública confirmada.

La novedad es el vencimiento de la intimación que la Oficina del Presidente comunicó el 28 de septiembre.

Desde entonces, Londres mantuvo su rechazo a la posición argentina y defendió las actividades económicas autorizadas por las autoridades de las islas.

La falta de un acuerdo abre la posibilidad de que Buenos Aires avance con el pedido anunciado por Milei.

Su presentación, sin embargo, no suspende automáticamente Sea Lion: corresponde al Tribunal decidir si adopta medidas y cuál será su alcance.

El Gobierno concentra su expectativa inmediata en una decisión provisional que frene nuevas actividades de desarrollo y explotación hidrocarburífera.

No pretende que el Tribunal del Mar resuelva la soberanía de las islas, materia ajena a su jurisdicción.

Busca que examine obligaciones internacionales vinculadas con los recursos marítimos y determine si corresponde preservar la situación actual hasta que exista una resolución arbitral sobre el fondo.

La conducción de la gestión está centralizada en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde la Consejería Legal Internacional, encabezada por el embajador Mario Oyarzábal , interviene en el desarrollo técnico del procedimiento.