Diputados: el oficialismo aprobó la ley de Discapacidad que intentó desarmar en el Presupuesto

Tras los entrecruces internos por la ley de Discapacidad , el oficialismo finalmente llevó al recinto de Diputados un texto acordado sobre el régimen de Discapacidad que, si bien termina con la emergencia, redobla la apuesta sobre la ley vigente que sancionó la oposición y es contrario a lo que había mandado la Casa Rosada meses atrás .

Se encamina a ser aprobada por unanimidad o cerca, con los votos de la oposición.

El dictamen fue negociado con los bloques aliados.

Puntualmente brilló el misionero Oscar Herrera Ahuad , que responde al gobernador Hugo Passalaqcua, quien se puso al hombro un texto final que acordó con las diputadas libertarias Gisele Castelnuovo , cercana a Lule Menem, y Laura Rodríguez Machado .

Los cambios finales fueron anunciados por él en el recinto, antes de la votación.

La versión corregida del dictamen asigna el financiamiento de la ley a la Jurisdicción 80 del Ministerio de Salud.

Allí están los programas de Pensiones no Contributivas por Invalidez Laborativa, de Atención Médica a sus beneficiarios y de Prevención y Control de Discapacidades.

El texto aclara que si el crédito de esos programas no alcanza, el excedente se cubrirá con una compensación presupuestaria sobre la Jurisdicción 91 , “Obligaciones a Cargo del Tesoro”, en las actividades de Salud y Seguridad Social del programa “Otras Asistencias Financieras” .

Con esta cláusula, el oficialismo destrabó el voto de los aliados, que reclamaban garantías en el Presupuesto 2027 frente al Ministerio de Economía y la secretaria Legal y Técnica , que se resistían a modificarlo.

“Ahora hay que trasladar esto al Presupuesto, vamos a sacar todo de la jurisdicción 91 para no alterar el equilibrio fiscal ”, aclararon los legisladores que dialogaron con El Cronista .

El artículo 7 suma dos cláusulas que exceden el ejercicio 2027.

Estable que las leyes de presupuesto deberán garantizar “un crédito presupuestario suficiente que asegure la sostenibilidad real y permanente del sistema” , y el ingreso por beneficiario no podrá ser inferior, en términos reales , al del año anterior .

Además, la Jefatura de Gabinete deberá hacer en cada ejercicio las readecuaciones presupuestarias necesarias para garantizar “la continuidad inmediata de todas las prestaciones”.

La cláusula apunta al argumento con el que el Gobierno frenó la ley de emergencia vigente .