Ministro del Interior respalda proyecto que busca prohibir procedimientos de afirmación de género en menores: “Los niños no son un experimento”

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, expresó su respaldo al proyecto de ley que busca establecer límites a determinadas intervenciones médicas de afirmación de género en niños, niñas y adolescentes.

La iniciativa, presentada por congresistas de diferentes partidos, recoge una propuesta que el presidente Abelardo de la Espriella había planteado durante su campaña y que volvió a poner sobre la mesa tras el caso de Samuel Adrián.

Lara manifestó que el Gobierno respaldará la iniciativa y sostuvo que su contenido coincide con el planteamiento del mandatario sobre la protección de los menores.

“ Presidente Abelardo de la Espriella lo propuso en campaña: los niños no son un experimento ”, escribió el ministro en su cuenta de X.

En el mismo mensaje, Lara hizo referencia al Proyecto de Ley 211 de 2026 Senado, denominado ‘Ley Laura, Niños No Experimento’, presentado por el senador Andrés Forero y acompañado por congresistas de distintas colectividades.

“ Compartimos plenamente su espíritu y su contenido.

El Gobierno lo apoyará con determinación ”, agregó el funcionario. ¿Qué propone la Ley Laura sobre las intervenciones en menores? El proyecto busca establecer medidas de protección para los menores frente a determinadas intervenciones médicas de afirmación de género.

De acuerdo con el documento divulgado por sus promotores, la propuesta contempla prohibir tres tipos de procedimientos en personas menores de edad: bloqueadores de la pubertad, procedimientos hormonales y procedimientos quirúrgicos de afirmación de género.

La iniciativa también plantea consecuencias para los profesionales de la salud que ordenen, practiquen o ejecuten los procedimientos que sean prohibidos por la eventual ley.

Según el proyecto, estas conductas podrían constituir una falta grave contra la ética médica y ser investigadas y sancionadas conforme a la Ley 23 de 1981.

Las sanciones contempladas en la propuesta podrían llegar, dependiendo de la gravedad y la reincidencia, a la suspensión del ejercicio profesional hasta por cinco años.

El proyecto también incluye medidas dirigidas a las EPS e IPS que autoricen, financien, faciliten o toleren las conductas señaladas.

De acuerdo con el texto de la iniciativa, estas entidades podrían enfrentar medidas administrativas que incluirían la suspensión o revocatoria del certificado de habilitación, además de otras actuaciones que pueda adoptar la Superintendencia Nacional de Salud.

Los autores precisan que las medidas planteadas están dirigidas exclusivamente a menores de edad y no contemplan a los adultos.