La CIDH otorgó medidas cautelares a favor de una funcionaria judicial desaparecida por el régimen de Nicaragua
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Daysi Amelia Castillo Álvarez , funcionaria judicial de Nicaragua detenida desde enero de 2025, tras considerar que enfrenta una situación de gravedad y riesgo irreparable bajo custodia del régimen sandinista, liderado por Daniel Ortega y Rosario Murillo .
La resolución de la CIDH señala que Castillo Álvarez, quien se desempeñaba como alguacila judicial (secretaria especial de un juzgado) en el Juzgado Único Local de Moyogalpa , en la isla de Ometepe (departamento de Rivas), fue arrestada el 7 de enero de 2025 por autoridades estatales y permanece incomunicada desde entonces.
El organismo subraya que sus familiares no recibieron información oficial sobre sus condiciones de reclusión ni sobre su estado de salud , pese a las gestiones realizadas.
Hasta la fecha, no existen cargos formales públicos ni se informó el motivo oficial de la detención de Castillo Álvarez.
La CIDH remarcó que Nicaragua no respondió a la solicitud de información presentada durante el procedimiento de medidas cautelares.
La Comisión advirtió que la funcionaria se encuentra bajo custodia estatal, sin acceso comprobado a atención médica o medicación, y sin posibilidad de recibir visitas de familiares o allegados.
“Sus derechos a la vida, integridad personal y salud enfrentan un riesgo de daño irreparable en Nicaragua” , indicó la CIDH.
Por ello, el organismo solicitó al régimen adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos fundamentales de Castillo Álvarez, e informar sobre las circunstancias y condiciones de su detención.
La CIDH también otorgó el pasado viernes medidas cautelares a favor de Santos Ariel Rodríguez Lagos ante el riesgo grave e inminente para su vida e integridad personal en el país.
La decisión se fundamentó en la falta de información oficial sobre el paradero y las condiciones de detención del empresario, quien fue arrestado el 2 de junio de 2024 por agentes estatales El calvario de un detenido por fuerzas de la dictadura sandinista La CIDH condenó a la dictadura de Nicaragua el 13 de agosto de 2026 por la detención arbitraria, los tratos crueles, inhumanos y degradantes y la violación de garantías procesales cometidas contra el ciudadano estadounidense Jason Zachary Puracal .
El fallo obligó al régimen nicaragüense a pagar más de 190.000 dólares en concepto de reparaciones , a implementar reformas legales y reconoce que el caso establece un precedente para la protección de los derechos humanos en la región.
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