El Gobierno incorporó a dos cárteles mexicanos y a grupos armados de Colombia y Ecuador al registro de organizaciones terroristas

El Gobierno incorporó al Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) a cinco organizaciones narcocriminales y narcoguerrilleras de México, Colombia y Ecuador, entre ellas el Cártel de Sinaloa , La Nueva Familia Michoacana , Los Tiguerones , el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las estructuras armadas que actúan bajo distintas denominaciones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).

La decisión se formalizó en la resolución conjunta 5/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial y firmada por los ministros de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, con vigencia inmediata . https://t.co/orujAptAWI — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 22, 2026 La resolución dio intervención al Ministerio de Justicia para completar el procedimiento administrativo de inscripción al Repte del cártel de Sinaloa, fundado por Joaquín “Chapo” Guzmán e Ismael “el Mayo” Zambada; La Nueva Familia Michoacana, de los hermanos Olascoaga; de Los Tiguerones, la narcogavilla encabezada por William Jofre Alcívar Bautista, y de las guerrillas colombianas del ELN y las estructuras residuales de las FARC-EP, enfrentadas entre sí y con el Estado colombiano.

En el caso de Los Tiguerones, la decisión también alcanza a las facciones conocidas como Los Fénix y Los Igualitos .

En cuanto a las FARC-EP, la resolución comprende específicamente al Grupo Armado Organizado Residual FARC-EP, identificado como GAO-R FARC-EP, y al Estado Mayor Central (EMC), así como a sus otras denominaciones, bloques y frentes, entre ellos el Frente 18.

Los fundamentos de la medida se apoyan en informes reservados elaborados por las áreas competentes de Seguridad y de la Cancillería que establecieron que aquellas organizaciones constituyen “una amenaza externa real o potencial a la seguridad nacional” y representan un riesgo para la vida, los bienes y el patrimonio de los habitantes de la Argentina.

Los informes son reservados y la resolución no detalla hechos concretos atribuidos a cada grupo en nuestro país.

El Gobierno sostuvo que la naturaleza transnacional de las organizaciones, su capacidad operativa, su expansión regional y la diversificación de sus actividades ilícitas configuran un riesgo que excede la criminalidad doméstica.

También señaló la existencia de estructuras y redes susceptibles de proyectar sus actividades hacia el territorio argentino.

La resolución plantea como objetivo reforzar las capacidades de prevención y detección temprana del Estado ante una eventual instalación, actuación, financiación o articulación de esas organizaciones en el país.