La Legislatura porteña aprobó una ley para transferir la Justicia Laboral al ámbito de la Ciudad

La Legislatura porteña aprobó este jueves el proyecto que impulsó el Gobierno de Jorge Macri para transferir la Justicia Laboral Nacional al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

Así, se impulsó la autonomía en la jurisdicción prevista en la reforma constitucional de 1994.

Además, el Cuerpo Legislativo dio luz verde a la modificación de la Carta Orgánica del Banco Ciudad , sancionó una extensión de beneficios a excombatientes de Malvinas y la homologación de las condonaciones de deudas tributarias autorizadas de la AGIP.

En sesión ordinaria y con la presencia de los diputados de los distintos bloques que integran el recinto, el Cuerpo Legislativo aprobó la transferencia de la Justicia Laboral Nacional al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El proyecto cuenta con autoría de la Jefatura de Gobierno y obtuvo 36 votos a favor, dos negativos y 20 abstenciones.

El convenio que sustenta esta transferencia había sido firmado el 9 de febrero de 2026 entre el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia , y el Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación.

Posteriormente, el Congreso de la Nación lo ratificó en el marco de la sanción de la ley nacional 27.802 de reforma laboral.

Así, la aprobación por parte de la Legislatura local representa el paso previo para la puesta en marcha del nuevo fuero.

El proyecto formaliza el traspaso de las competencias judiciales laborales desde la órbita nacional al fuero local, un proceso que tiene respaldo en el artículo 129 de la Constitución Nacional y en disposiciones locales orientadas a garantizar la autonomía plena de la jurisdicción porteña.

Las leyes 6.789 y 6.790 habilitaron la creación formal del fuero laboral local y su régimen procesal.

El convenio establece que las causas iniciadas antes de la entrada en vigor del nuevo fuero seguirán tramitándose en la Justicia Nacional del Trabajo, mientras que las nuevas demandas se procesarán exclusivamente en el Fuero del Trabajo de la Ciudad.

En cuanto a las obligaciones de cada parte, la Ciudad asume el compromiso de seleccionar jueces y fiscales a través de los mecanismos habituales y de proveer los recursos necesarios para el funcionamiento del fuero.

El Estado Nacional, por su parte, se compromete a transferir progresivamente esos recursos y a no cubrir nuevas vacantes en la justicia nacional para las competencias cedidas.

“La Justicia Laboral local va a ser completamente distinta a lo que conocemos hoy, con sentencias más rápidas gracias a modernizaciones procedimentales y tecnológicas” , explicó Tapia.