Las escuelas porteñas deberán asumir el costo de los daños y grafitis realizados por sus alumnos

El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires dispuso que, ante daños intencionales en las escuelas —como grafitis o rotura de mobiliario—, serán las propias instituciones las que deberán hacerse cargo de la reparación , sin que el gobierno porteño intervenga de forma directa en esos casos.

El cambio, incluido en el “Marco general para la cultura del cuidado en establecimientos educativos”, marca un quiebre respecto del esquema anterior, en el que el Ministerio absorbía la totalidad de los costos.

Hasta ahora, el Ministerio de Educación afrontaba los gastos de reparación con independencia del origen del daño.

Con el nuevo protocolo, si la rotura o el deterioro fueron intencionales y no representan un riesgo inmediato para alumnos o docentes, la dirección y la cooperadora escolar deberán evaluar cómo abordar la reparación.

Según fuentes al tanto de la implementación, el costo podría salir de la caja chica de la escuela o de la cooperadora: “Es un cambio menor, pero una forma de decir ‘el que rompe, paga’”.

Los estudiantes no pagan directamente: son las escuelas las que absorben el costo.

No obstante, la resolución establece que el equipo de conducción, junto a la cooperadora, debe elaborar una estrategia concreta para subsanar el daño, que puede incluir jornadas de reparación con participación activa de los alumnos. ¿De dónde salen esos recursos? Las escuelas cuentan con dos vías de financiamiento: una parte proviene del presupuesto de la Ciudad y otra del Fondo Único Descentralizado de Educación (FUDE) , que se articula con las cooperadoras escolares.

El punto es que, hasta ahora, esos fondos no se destinaban a reparar daños en los establecimientos, sino a cubrir otros gastos operativos del día a día.

El nuevo protocolo abre la puerta a que esa lógica cambie.

La distinción entre tipos de daño es central en el nuevo esquema.

Cuando el deterioro implique un riesgo para la seguridad —ya sea de estudiantes o de docentes—, el Ministerio interviene de forma inmediata y toma a su cargo la reparación, como ocurría hasta ahora con cualquier incidente.

El cambio aplica exclusivamente a aquellos casos que no requieran atención urgente.

El marco general fue creado con base en un diagnóstico de conducta realizado por la Universidad de San Andrés junto al Ministerio, que analizó las causas del deterioro en la infraestructura escolar con la participación de 3.000 estudiantes de 1º a 3º año de 42 escuelas secundarias de las 15 comunas de la Ciudad.

El estudio identificó una relación directa entre el clima institucional y el cuidado de los espacios: en escuelas donde predomina el respeto mutuo, disminuyen los daños.