Iván Cepeda pidió que la Fiscalía mantener la investigación sobre Álvaro Uribe por las masacres del Aro, La Granja y San Roque: “Actúo como parte civil”

Iván Cepeda, senador de la República por el Pacto Histórico, pidió mantener la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez en la Fiscalía General de la Nación por las masacres de El Aro, La Granja y San Roque, y por el asesinato de Jesús María Valle.

A través de su cuenta oficial de X, el excandidato presidencial sostuvo que actúa como parte civil, en calidad de actor popular, dentro de ese expediente.

“Como es de conocimiento público, actúo como parte civil, en calidad de actor popular, en la investigación que adelanta la justicia colombiana contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por estos hechos (sic)”, señaló Cepeda.

Cepeda señaló que pidió a sus abogados mantener la posición para que la Fiscalía conserve la competencia para adelantar esa investigación, con las debidas garantías procesales.

El senador vinculó esa solicitud con la defensa del derecho de las víctimas y de la sociedad a la verdad y a la justicia.

“En esta condición, defiendo el derecho de las víctimas y de la sociedad a la verdad y a la justicia y, en consecuencia, le he solicitado a mis abogados que mantengan nuestra posición para que la Fiscalía General de la Nación conserve la competencia para adelantar esa investigación, con las debidas garantías procesales (sic)”, aseveró Cepeda.

La posición de Cepeda apareció después de que la defensa de Uribe lograra que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes aprobara por unanimidad promover un conflicto de competencias para asumir el expediente .

Ese caso incluye las masacres de El Aro y La Granja, el asesinato de Jesús María Valle y la presunta relación con el Bloque Metro en la hacienda Guacharacas.

Cómo surgió el conflicto de competencias Según la comunicación firmada por Carlos Alberto Cuenca presidente de esa comisión, el caso tocaría hechos de 2003, cuando Uribe ejercía como jefe de Estado y tenía fuero presidencial.

Bajo ese criterio, el expediente dejaría de estar en el despacho de la fiscal delegada tercera ante la Corte Suprema de Justicia .

Cuenca pidió la remisión del expediente tramitado bajo la Ley 600 de 2000.

También advirtió que, si la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte no accede a la solicitud, el asunto deberá pasar a la Sala Plena de la Corte Constitucional para que dirima la colisión de competencia.

El oficio precisó esa ruta procesal.

“De no acceder su despacho a esta solicitud”, el expediente deberá remitirse a la Sala Plena de la Corte Constitucional para que resuelva “de plano” la colisión de competencia, con base en el artículo 95 de la Ley 600 de 2000 y el artículo 241, numeral 11, de la Constitución Política.