Usina de Justicia denunció a una jueza porteña que declaró inconstitucional el Régimen Penal Juvenil

La Asociación Civil Usina de Justicia denunció por presunto prevaricato y mal desempeño a la jueza porteña Laura Beatriz De Marinis , luego de que la magistrada declarara inconstitucional, para un caso particular, el artículo 1 de la Ley 27.801 de Régimen Penal Juvenil y sobreseyera a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo.

“La juez denunciada omitió deliberadamente cumplir la Ley”, sostuvo la denuncia firmada por el abogado Fernando Soto en representación de la entidad.

La Asociación cuestionó los fundamentos de la resolución y sostuvo que la jueza omitió aplicar una ley nacional vigente.

Al respecto advirtió que “la sentencia que dictó es, en realidad, una mera opinión antojadiza de la juez, y que por su opinión personal no puede violar la Ley.

Los jueces están para cumplir la Ley, no para incumplir la Ley” .

En la denuncia se consideró que la decisión de la magistrada estuvo “basada en pura ideología”.

“Nada pudo probar la juez que el menor bajo su juzgamiento no debía responder por el robo en tentativa por el que había sido imputado”, planteó Usina de Justicia.

Prevaricato En la denuncia penal, se pidió investigar a De Marinis por el delito de prevaricato, previsto en el artículo 269 del Código Penal .

El escrito afirma que la magistrada dictó una resolución contraria a una norma expresa y que sus argumentos se basaron en una interpretación que la entidad considera subjetiva de los tratados internacionales y de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño .

La presentación sostiene que ningún tratado internacional fija una edad única de imputabilidad penal para menores y cuestiona que las observaciones de ese comité tengan carácter obligatorio para los Estados parte.

Además, solicita que se requiera el expediente judicial y que se abra un sumario penal con intervención fiscal.

El fallo cuestionado El fallo de De Marinis sostuvo que la incorporación al sistema penal debe ser una medida de último recurso.

En ese marco, la jueza señaló que “castigarlos por la falta de respuesta del mundo adulto significa inexorablemente desresponsabilizarnos de nuestro rol adulto” .

De Marinis, a cargo del Juzgado de Primera Instancia Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas 3, consideró inconstitucional la aplicación del nuevo régimen en la situación de un adolescente de 14 años y dispuso su sobreseimiento.