Nueva York confiscó propiedades y ahora podría pagar una indemnización de USD 60 millones

Nueva York acordó pagarle USD 60 millones a propietarios a quienes el municipio les confiscó sus viviendas sin compensación bajo un programa que lleva en suspenso desde 2019 y que el alcalde Zohran Mamdani busca ahora reactivar, según detalló The New York Times .

El acuerdo, presentado ante un tribunal federal de Manhattan, resuelve parte de una demanda colectiva iniciada en 2019 que cuestionó la constitucionalidad del programa conocido como Transferencia a Terceros (TPT, por sus siglas en inglés).

La acción judicial alegó que la ciudad se apoderó de docenas de propiedades en comunidades de mayoría negra y latina sin notificar a sus dueños ni pagarles el valor real de los inmuebles.

El acuerdo todavía requiere la aprobación de un juez federal .

El programa TPT permitió confiscar propiedades con deudas mínimas desde 1996 Creado en 1996 durante la administración de Rudy Giuliani , el TPT le otorgó a Nueva York la facultad de embargar edificios a propietarios con deudas de impuestos o violaciones al código habitacional y transferirlos a una organización sin fines de lucro llamada Neighborhood Restore , que luego buscaba un desarrollador de vivienda accesible para hacerse cargo.

La deuda quedaba perdonada y la transferencia se hacía sin cargo .

El programa también incluía un componente conocido como “block pickup”, que autorizaba al municipio a confiscar no solo la propiedad en falta sino todos los edificios en la misma manzana , aunque sus dueños debieran apenas una cantidad modesta en impuestos.

“Podían deber mil dólares sobre una propiedad de un millón, y aun así confiscársela”, dijo Alexander Simkin , uno de los abogados de los demandantes, en declaraciones recogidas por el New York Post .

En sus 10 rondas de ejecución , el programa transfirió más de 590 propiedades que incluyen más de 7.300 viviendas, según los documentos judiciales.

El acuerdo de USD 60 millones —uno de los más grandes pagados por la ciudad en la última década, de acuerdo con el estudio jurídico Ropes & Gray , que lideró la representación pro bono— cubre únicamente las 64 propiedades con alrededor de 839 unidades confiscadas durante la décima ronda, en 2017 y 2018.

Más de 500 propiedades de rondas anteriores continúan dentro de la demanda colectiva.

El Concejo detectó en 2019 que muchas propiedades no cumplían los criterios de confiscación Una investigación del Concejo Municipal de Nueva York publicada ese año determinó que varias de las viviendas embargadas no alcanzaban la definición oficial de “grave angustia financiera o física” que exigía el propio programa.

Los críticos señalaron además que el TPT tenía un impacto desproporcionado sobre el Bronx y Brooklyn , los dos distritos con mayor concentración de comunidades de color.