Está preso en Córdoba, fue juzgado en ausencia en Brasil por venta de armas al narcoterrorismo y se niega a ser extraditado
El empresario argentino Diego Hernán Dirisio , catalogado por el Ministerio de Seguridad como “el mayor contrabandista de armas de Sudamérica”, fue objeto de un proceso judicial en ausencia en Brasil y se niega a ser extraditado, una medida a la que dio luz verde la Corte Suprema de Justicia tras un fallo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 3 .
La acusación en su contra es grave: la venta de armamento a los temibles Comando Vermelho y el Primer Comando Capital (PCC) .
En síntesis, el empresario argentino es considerado “jefe de una organización criminal enfocada al tráfico internacional de armas de fuego y socio director de International Auto Supply S.A. (IAS-PY) , en Asunción (Paraguay) , a través de la cual operaba el esquema criminal”.
Él lo niega.
Fue arrestado por la PFA e Interpol , en febrero de 2024, mientras jugaba al pádel en el barrio Cerro de las Rosas de Córdoba junto a su pareja, la exmodelo paraguaya Julieta Vansessa Nardi Aranda , también implicada en la causa.
La investigación llevó el nombre de “Operativo Dakovo”.
Dirisio, que niega las acusaciones, estuvo dos años preso hasta febrero de 2026, cuando fue liberado con tobillera electrónica.
Así permaneció hasta este viernes, cuando fue trasladado a la prisión de Bouwer con fines de extradición, luego que el Segundo Juzgado Federal Criminal del Estado de Bahía tras cierre la etapa de instrucción y a espera de una sentencia.
La autorización para que se lleve adelante la medida fue firmada por Mariela Bondar , del Ministerio de Relaciones Exteriores .
El juez federal Hugo Vaca Narvaja consideró que el caso de Dirisio encajaba en los requisitos requeridos por el tratado bilateral de extradición (Ley 17.272) y la Ley 24.767 de Cooperación Internacional en Materia Penal.
La Corte lo avaló.
Sin embargo, su abogado, Marcelo Fernández , catalogó la resolución como un “escándalo”.
“Con esta extradición, Argentina está violando tratados internacionales” , remarcó.
“La República Federativa de Brasil , decidió tramitar el proceso penal, y dictar la condena, en ausencia del requerido, sin que este pueda prestar su declaración -indagatoria- y consecuentemente ejercer efectivamente su derecho constitucional de defensa en juicio, brindando todas las explicaciones que considere necesarias, hacer su descargo, y ofrecer las pruebas que considere pertinentes”, explicó en un requerimiento que elevó al juzgado federal y a la Cancillería .
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