Alias Negro Ober, cabecilla de Los Costeños, siguió delinquiendo desde prisión: por videollamada ordenaba el pago de extorsiones a comerciantes en Atlántico

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, uno de los criminales más temidos en Barranquilla, y conocido con el alias de Negro Ober.

El procesado es señalado como cabecilla de la estructura delincuencial Los Costeños, por su presunta participación en una serie de extorsiones a comerciantes, tenderos, vendedores informales y habitantes de Barranquilla, Soledad y Galapa, en el departamento de Atlántico.

De acuerdo con la investigación y los detalles que se revelaron por parte del fiscal del caso durante la audiencia virtual, “ Negro Ober” habría continuado coordinando exigencias económicas desde los centros penitenciarios donde ha permanecido recluido entre 2025 y 2026.

La Fiscalía indicó que las víctimas recibieron panfletos intimidatorios y videollamadas en las que, al parecer, el procesado realizaba directamente las amenazas y los cobros.

Dentro de los hallazgos, el ente acusador vinculó además a siete presuntos integrantes de Los Costeños, quienes habrían cumplido tareas para facilitar las comunicaciones con las víctimas, ejercer intimidación y recaudar el dinero exigido.

Por todo lo anterior, la Fiscalía precisó que un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales presentara cargos de acuerdo con la posible responsabilidad individual de cada procesado.

Además de Martínez Gutiérrez, Javier Eduardo González Lizcano y Brigith Andrea Hernández Arrias fueron imputados por concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo y extorsión agravada.

Los otros cinco señalados fueron procesados por extorsión agravada.

Un comerciante habría sido retenido en Soledad y llevado a Galapa Uno de los hechos investigados ocurrió el 2 de julio de 2025 en Soledad.

Según la Fiscalía, un comerciante fue abordado cuando guardaba su vehículo cerca de un establecimiento de billar.

La víctima habría sido retenida bajo amenaza con armas de fuego y trasladada al sector conocido como Round Point, en Galapa.

Allí, de acuerdo con el expediente, fue obligada a participar en una videollamada con alias Negro Ober, tal y como se observa en la grabación que hace parte del acervo probatorio: Durante esa comunicación, el señalado cabecilla le habría exigido 10 millones de pesos a cambio de devolverle el automóvil y permitirle continuar con su actividad comercial.

El 14 de julio de 2025, el comerciante fue contactado otra vez por teléfono y retenido una vez más.

En esa oportunidad, los responsables le habrían impuesto una segunda exigencia económica por 13 millones de pesos.