La jueza del accidente de Adamuz acuerda unificar en Vox la representación y defensa de acusaciones populares

La jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Montoro (Córdoba), que instruye la causa por el siniestro ferroviario de Adamuz -ocurrido el pasado 18 de enero y en el que fallecieron 46 personas y más de 120 resultaron heridas-, ha acordado unificar la representación y defensa de las acusaciones populares bajo la dirección de Vox, al ser la primera formación en personarse en el procedimiento.

Según recoge el auto dictado por la magistrada, al que ha tenido acceso Europa Press, se mantienen todas las entidades personadas en su condición de acusaciones populares, sin que la resolución suponga su exclusión, desistimiento o pérdida de legitimación procesal.

De este modo, las partes agrupadas conservarán el acceso a las actuaciones y el conocimiento de las resoluciones que se dicten, canalizando su intervención procesal a través de una representación y dirección letrada comunes.

En virtud de esta resolución, Vox encabezará la representación letrada de la Asociación HazteOir.org, el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf), la Asociación Víctimas de los Políticos y la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz.

Respecto a la medida, Vox se opuso a la unificación al alegar la falta de presupuestos exigidos para imponerla de forma automática, así como la ausencia de motivación.

Asimismo, la formación defendió que la acción popular constituye un derecho fundamental reconocido en el artículo 125 de la Constitución, lo que exige ponderar el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva.

En su escrito, sostuvo además que no existe riesgo de dilaciones indebidas ni alteración del orden del proceso, rechazando la convergencia de intereses y argumentando la incompatibilidad entre las distintas acusaciones.

Por su parte, la Asociación Víctimas de los Políticos se opuso igualmente a la medida por considerarla improcedente si se aplica de forma automática.

A su juicio, la unificación es una facultad excepcional que requiere motivación judicial y la concurrencia de una identidad sustancial de intereses sin conflicto material.

La entidad argumentó la existencia de posiciones procesales diferenciadas y estrategias diversas, advirtiendo de que una defensa única impone una restricción al derecho de acción al supeditar su línea letrada a decisiones ajenas.

En el mismo sentido, el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) rechazó la unificación por considerar que la resolución carece de la motivación suficiente y toma como único fundamento el número de acusaciones personadas.