El juego solitario de Milei en la ONU

“Esta es una organización inútil, que miró para otro lado con la causa Malvinas” sentenció Javier Milei en su tercera exposición en la Asamblea General de Naciones Unidas.

Con su intervención, el presidente consolidó una mutación profunda en la diplomacia argentina.

La novedad política no radicó en sus habituales descalificaciones hacia los organismos y la burocracia internacional, sino en un replanteo frontal sobre la posición de nuestro país frente a su soberanía en las Islas.

En su discurso, el jefe de Estado denunció abiertamente la explotación británica de hidrocarburos en la cuenca norte del archipiélago y advirtió que el país no esperará pasivamente “a que la ONU actúe”, enlazando ese reclamo a la tensión entre Estados Unidos y Reino Unido y a las urgencias financieras locales.

En este punto, el discurso de Milei funcionó en sincronía con los pasillos de Manhattan.

Mientras el presidente interpelaba al plenario de las Naciones Unidas, la delegación oficial negociaba con agencias del gobierno estadounidense, como el Exim Bank y la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo (DFC), un esquema de financiamiento multimillonario destinado a infraestructura crítica y a la exportación del gas licuado de Vaca Muerta.

En paralelo, Donald Trump utilizó su encuentro bilateral con el primer ministro británico Andy Burnham para poner sobre la mesa la disputa de soberanía en el Atlántico Sur, quebrando la tradicional neutralidad del Departamento de Estado y ofreciéndose como mediador.

Milei leyó esa grieta entre Londres y Washington como una oportunidad para saltarse el camino del consenso global y apostar a una alianza bilateral de seguridad económica con la Casa Blanca.

Para muchos, la estrategia argentina desplegada en esta Asamblea General marca el certificado de defunción práctica de la Resolución 2065 de 1965.

Durante seis décadas, aquel texto consagrado por la ONU operó como la piedra angular del reclamo argentino que reconocía la existencia de una disputa colonial de soberanía, excluía expresamente el principio de autodeterminación para los pobladores británicos en las islas (ya que son considerados “población implantada sobre un territorio que se encuentra en disputa”) y obligaba a las partes a negociar.

Desde la óptica libertaria, aquel andamiaje jurídico y los incontables pronunciamientos del Sur Global constituyeron una pérdida de tiempo protocolar que, en todo este tiempo, no desalojó a una sola fragata ni impidió que Gran Bretaña perforara el lecho marino y explotara de forma “no autorizada nuestros recursos en el área en disputa”, tal como afirmó el mandatario.

Esa interpretación, y el posicionamiento argentino hoy minimiza lo que el blindaje sudamericano intentó construir, con ambigüedades, a lo largo de todos estos años.