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Los expertos no se ponen de acuerdo sobre si Dinamarca cometió genocidio en Groenlandia

Infobae ·

Helsinki, 28 ago (EFE).- El Gobierno de Groenlandia, territorio autónomo danés, presentó este viernes dos informes contradictorios elaborados por dos grupos de expertos en derechos humanos que pretendían dilucidar si Dinamarca cometió un genocidio al implantar espirales anticonceptivas a más de 40.000 mujeres groenlandesas, a muchas de ellas sin permiso, entre 1960 y 1991.

Aunque ambos informes afirman que se produjeron múltiples violaciones de los derechos humanos y de los pueblos indígenas, uno de ellos, elaborado por dos expertos daneses, concluye que no existen pruebas de que fuera un genocidio, mientras que el otro trabajo, de dos investigadoras internacionales, sugiere que podría haberlo habido.

Jonas Christoffersen, exdirector del Instituto Danés de Derechos Humanos, y la investigadora en psicología Jensine Nedergaard, autores del primer informe, afirman que "no existen pruebas empíricas para suponer que se haya producido ningún genocidio", pese a que la implantación de un dispositivo intrauterino (DIU) sin consentimiento está contemplada en la legislación internacional.

"Sin embargo, no hay evidencia empírica para suponer que alguna autoridad o profesional de la salud danés o groenlandés haya tenido en algún momento la intención de destruir a la población groenlandesa en su totalidad o en parte", señala su informe.

La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio contempla medidas destinadas a prevenir los nacimientos dentro de un grupo nacional, étnico, racial o religioso determinado, entre ellas la esterilización forzada y los abortos forzados, con el objetivo de limitar sistemáticamente la capacidad del grupo para tener hijos.

Según estos dos expertos, es probable que algunos médicos quisieran limitar la capacidad de los groenlandeses para tener hijos, pero el Estado danés no tuvo intención de destruir a la población groenlandesa, por lo que no puede considerarse un genocidio.

Christoffersen y Nedergaard admitieron en su informe que no tienen ninguna duda de que a niñas y mujeres groenlandesas se les implantara el DIU sin el consentimiento suficiente, aunque esto no significa necesariamente que haya existido coacción por parte del Estado danés.

El otro informe, elaborado por Dalee Sambo Dorough, experta en derechos humanos, y Miriam Cullen, investigadora y abogada, sostiene que no existe una respuesta clara a si se produjo o no un genocidio con la esterilización forzosa de las mujeres groenlandesas.

Dorough y Cullen consideran que no hay fundamento para concluir que el propósito de la práctica anticonceptiva fuera necesariamente destruir total o parcialmente a la población inuit en Groenlandia, aunque sí hubo un deseo de limitar su crecimiento demográfico.

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