Estudiantes San Carlistas emiten pronunciamiento público en rechazo a la gestión de Arévalo y Herrera ante la crisis de combustibles

El Comité de Huelga de Dolores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala rechazó el 11 de septiembre la gestión del presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta KarinHerrera , ante la crisis por el encarecimiento de los combustibles y los bloqueos que durante una semana afectaron rutas en distintos puntos del país.

La agrupación estudiantil exigió respuestas de fondo al alza del diésel y las gasolinas, en lugar de medidas transitorias financiadas con recursos estatales.

La organización cuestionó el subsidio aprobado por el Congreso de la República y sostuvo que no puede convertirse en una solución recurrente.

“Un problema estructural no se resuelve indefinidamente con dinero público”, afirmó el comité en su declaración difundida durante la tradicional Huelga de Dolores organizada por la Facultad de Derecho.

El nuevo mecanismo fue establecido mediante el Decreto 21-2026, aprobado de urgencia nacional el 8 de septiembre con 130 votos.

La ley fijó un precio máximo de 39 quetzales por galón para el diésel y la gasolina regular, mientras que para la gasolina superior estableció un límite de 41 quetzales hasta el 31 de diciembre.

Para sostener la compensación, el Congreso destinó 2.500 millones de quetzales .

El comité reclamó que las autoridades expliquen de manera precisa el costo de la medida, el origen de los fondos y las consecuencias de su eventual agotamiento.

El antecedente de un fondo ejecutado en menos de dos meses La advertencia se apoyó en la experiencia del Decreto 11-2026, el subsidio anterior para los combustibles.

Según el Ministerio de Finanzas Públicas, ese programa ejecutó 79% de un fondo de 2.000 millones de quetzales en menos de dos meses.

Los desembolsos llegaron a 215 millones de quetzales en una sola semana.

Para los estudiantes, ese ritmo de ejecución demuestra que la contención de los precios mediante transferencias públicas requiere información transparente sobre su alcance y sostenibilidad.

El pliego dirigido al Organismo Ejecutivo y al Legislativo reúne nueve peticiones.

Entre ellas figuran el rechazo al subsidio como respuesta permanente, la revisión de la carga tributaria aplicada a los combustibles y la fiscalización del mercado desde la importación hasta las estaciones de servicio.