Ley de Malvinas que contempla cárcel por "desinformación" despierta alertas en Argentina

Buenos Aires, 18 sep (EFE).- El proyecto de Ley de Soberanía Nacional enviado al Congreso argentino por el Gobierno del presidente Javier Milei, que establece penas de hasta 15 años de prisión para quienes realicen "campañas de desinformación" en medio del conflicto por las Malvinas, despertó las alarmas entre los defensores de la libertad de expresión.

Con el artículo 111 del proyecto legislativo, el Gobierno busca establecer penas de entre cinco y doce años de prisión para quienes, por cuenta, orden o financiamiento extranjero, realicen actividades destinadas a “alterar procesos electorales” o “manipular la opinión pública” mediante campañas coordinadas de “desinformación masiva”.

También para quienes "promuevan o financien actos de violencia o sabotaje contra el Estado argentino o sus habitantes".

Las penas se elevan a entre ocho y quince años cuando, además, haya amenazas, sobornos, coerción o estructuras criminales.

Milei empujó esta ley en las últimas semanas al elevarse el tono contra el Reino Unido por los trabajos que realizan petroleras extrajeras, como la israelí Navitas y la británica Rockhopper, que esperan empezar a extraer crudo en 2028 en Malvinas, y en medio de varias denuncias interpuestas en Argentina.

Esto llevó al Gobierno argentino a anunciar un endurecimiento de las sanciones para las empresas que operen en el archipiélago y la construcción de una base militar en Tierra del Fuego, en el extremo sur de Argentina y a unos 700 kilómetros de las Malvinas, islas administradas por el Reino Unido desde su ocupación en 1833.

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) consideró que el proyecto de ley presentado por el Gobierno traspasa las fronteras de la soberanía y la seguridad, y supone "un riesgo concreto para la libertad de expresión".

Por eso, pidió al Congreso revisar el artículo "para no ocasionar un retroceso en la discusión libre, penalizar el ejercicio legítimo del periodismo y limitar la crítica política y de asuntos de interés público".

“¿Cuáles van a ser los criterios para decir qué es manipular la opinión pública y qué no?”, planteó a EFE este viernes Alejandro Suárez, monitor de libertad de expresión de FOPEA en la provincia de Buenos Aires.

En esa línea, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez cuestionó en la red social X que el proyecto incorpore un tipo penal que, a su juicio, resulta “abierto e indeterminado” y que podría generar un efecto inhibitorio sobre periodistas, investigadores, organizaciones sociales, dirigentes políticos y ciudadanos.

"Cuando (Fernando) Cerimedo hacía campañas de desinformación a favor del presidente, financiadas por la derecha global, no se los vio tan preocupados o denunciando", afirmó a EFE el diputado Maximiliano Ferraro, de la centrista Coalición Cívica.