Congresistas del Centro Democrático proponen tumbar la Paz Total y cambiar las reglas para negociar con grupos armados: en qué consiste la iniciativa

Congresistas del partido Centro Democrático presentaron formalmente ante el Congreso de la República un paquete de reformas legislativas, dentro del cual destaca una propuesta para que las negociaciones de paz con grupos armados organizados requieran el aval previo de la mayoría absoluta del órgano legislativo antes de su inicio.

La iniciativa fue promovida por los congresistas Jonathan Pineda y Óscar Villamizar, junto con la bancada de la colectividad.

El propósito central de esta norma es restringir que las decisiones en materia de seguridad nacional queden a potestad exclusiva del gobierno de turno.

El proyecto de ley fija prohibiciones expresas sobre las estructuras que podrían eventualmente acceder a un proceso de diálogo.

La propuesta busca declarar inconstitucional cualquier acercamiento con organizaciones que hayan incurrido en violaciones a las leyes penales y al derecho internacional.

En relación con las restricciones fijadas en el texto, el senador Óscar Villamizar señaló en un comunicado en conjunto: “Será inconstitucional adelantar acuerdos de paz con grupos que hayan incurrido en delitos como homicidios contra personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario, secuestro, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, extorsión u otros delitos que atenten contra la libertad, integridad y formación sexual, además de quienes hayan cometido delitos que tengan como víctimas menores de edad”.

Propuesta de derogación de la Paz Total que fue promovida por Gustavo Petro Dentro del bloque enfocado en la seguridad del país, el partido opositor incluyó la derogación de la Ley 2272 de 2022, conocida como la política de Paz Total, con la intención de estructurar un marco diferente para el relacionamiento con los grupos al margen de la ley.

Cabe destacar que esta política buscó reducir la violencia mediante negociaciones y diálogos con distintos grupos armados ilegales, incluyendo organizaciones insurgentes y estructuras criminales.

La estrategia pretendía avanzar simultáneamente en acuerdos de paz con algunos grupos y procesos de sometimiento a la justicia con otros, con el objetivo de disminuir la violencia en los territorios y avanzar hacia una paz más amplia en Colombia.

Sin embargo, desde sectores de la derecha calificó la Paz Total como un “fracaso” porque considera que los diálogos y ceses al fuego con distintos grupos armados no lograron traducirse en una reducción sostenida de la violencia y, en algunos territorios, estuvieron acompañados por un fortalecimiento de estructuras ilegales.