Sala Tercera de Costa Rica propone que los jueces evalúen vínculos criminales al dictar prisiones preventivas

Los jueces podrían valorar los vínculos de una persona investigada con organizaciones criminales al decidir una prisión preventiva , según una reforma al Código Procesal Penal propuesta por la Sala Tercera del Poder Judicial .

La iniciativa busca establecer si esas estructuras pueden facilitar una fuga o interferir en la causa, según informó El Observador .

La modificación no implicaría que toda persona relacionada con el crimen organizado deba permanecer detenida.

Para dictar la prisión preventiva, los jueces tendrían que contar con elementos objetivos que prueben el vínculo y explicar de qué manera los recursos de la organización aumentan los riesgos para el proceso judicial.

Las propuestas de las tres salas de la Corte Suprema de Justicia aún deberán pasar por un proceso de análisis, observaciones y consultas.

Recién después podrían convertirse en proyectos de ley para su discusión en la Asamblea Legislativa .

Los recursos de una organización podrían influir en la prisión preventiva El cambio planteado para el artículo 240 incorporaría nuevos criterios para evaluar el peligro de fuga .

Los juzgadores podrían considerar la capacidad económica , los medios de transporte , los contratos y la logística que una organización criminal tiene a disposición.

Según la iniciativa, esos recursos pueden permitir que la persona investigada eluda la acción de la Justicia.

La vinculación con una estructura delictiva pasaría así a figurar de manera expresa entre los factores que pueden sostener ese riesgo.

La propuesta también alcanza al artículo 241 , que regula el peligro de obstaculización de la investigación.

En ese caso, el análisis incluiría la posibilidad de que el sospechoso cuente con una red capaz de influir sobre testigos , modificar pruebas o interferir en diligencias.

El Código Procesal Penal ya contempla la prisión preventiva ante riesgos como la fuga o la alteración de elementos probatorios.

La reforma añadiría el acceso a recursos , contactos y medios de organizaciones criminales como una circunstancia que los jueces pueden valorar, siempre que exista una justificación concreta.