Presuntas irregularidades en inscripción de estudiantes a pruebas Saber 11: Procuraduría abrió investigación

La Procuraduría General de la Nación inició una indagación preliminar para esclarecer presuntas irregularidades en el proceso de inscripción y pago de los derechos de las pruebas Saber 11, en las que resultaron afectados más de 38 estudiantes de la Institución Educativa Miguel Sánchez Hinestroza, ubicada en Girón, Santander.

El proceso disciplinario involucra a funcionarios de la Secretaría de Educación de Girón y del plantel educativo mencionado.

El organismo investiga quiénes eran los encargados de tramitar las inscripciones y pagos, así como las razones que habrían impedido cumplir con los plazos definidos para presentar el examen de Estado el 26 de julio de 2026.

“La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar de la Secretaría de Educación de Girón, Santander, y de la Institución Educativa Miguel Sánchez Hinestroza, por presuntas irregularidades en el recaudo y pago de los derechos de inscripción de las pruebas Saber 11, que habría conllevado a que más de 38 estudiantes presentaran el examen extemporáneamente”, precisó la entidad.

Uno de los aspectos en revisión es la intervención del rector del colegio, quien tuvo que gestionar directamente ante el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) la posibilidad de que los estudiantes pudieran acceder a la prueba, después de vencidos los términos regulares.

“El ente de control indaga qué funcionarios tenían a su cargo la responsabilidad del proceso de inscripción y pago, así como las razones por las cuales no se habría realizado el trámite dentro del plazo establecido, para que los estudiantes presentaran el examen de Estado el 26 de julio de 2026 , sin que el rector del colegio tuviera que adelantar una gestión ante el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) para lograrlo”, señaló el Ministerio Público.

La apertura de esta investigación se produjo después de que se hiciera pública la situación de los estudiantes de la sede ubicada en la vereda Acapulco, motivando la actuación de oficio del ente de control.

Como parte de las acciones para esclarecer los hechos, la Procuraduría solicitó soportes financieros, registros de inscripción, informes administrativos y otra documentación que permita determinar responsabilidades y establecer el desarrollo del proceso por parte de la institución educativa y las autoridades locales.

“Dentro de las pruebas ordenadas para esclarecer los hechos e identificar a los posibles responsables, la Procuraduría solicitó soportes financieros, registros de inscripción, informes administrativos y documentación relacionada con el proceso adelantado por la institución educativa y las autoridades competentes”, afirmó la Procuraduría.