Corrupción en Entre Ríos: una condenada por un fraude millonario denunció a un histórico dirigente del PJ

Un nuevo episodio se sumó a la investigación sobre uno de los fraudes más grandes que tuvo lugar dentro del organismo recaudador de Entre Ríos.

Condenada por compensaciones tributarias fraudulentas y ex jefa del Departamento Despacho de ATER, María Estrella Martínez de Yankelevich inició una denuncia penal contra Marcelo Casaretto, quien fuera director ejecutivo del organismo, junto con otros cinco ex funcionarios de su gestión.

Dicha presentación incluyó también a Damián Alcides Zoff, quien dirigía Impuestos; César Del Castillo, a cargo de la Fiscalización Tributaria; Germán Gietz, jefe en Informática; Federico Borra, responsable del área Jurídico; y Manuel Valiero, responsable de Interior.

Lo distintivo es que la denuncia llega de una persona que participó directamente en la causa: ante la Justicia, Martínez de Yankelevich admitió su rol y recibió condena por esos hechos.

En este momento argumenta que la operatoria no pudo haber sido culminada solo desde los escalafones administrativos a los que se atribuyó la responsabilidad y vincula la maniobra con la conducción de ATER.

Un fraude por $46 millones que ajustado a la fecha equivale a $14.700 millones La pesquisa, que abarcó actividades entre los años 2004 y 2014, derivó finalmente en tres voluminosos expedientes.

Entre 2004 y 2007, el perjuicio calculado fue de cerca de $8 millones; desde 2008 hasta 2011, alcanzó los $20 millones; y en el periodo 2012-2014 superó los $18 millones.

La suma total, considerando los valores nominales de aquel entonces, ronda los $46 millones.

Según una actualización tomada con el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) y segmentando cada periodo, esa cifra llegaría a $14.700 millones de agosto de 2026, lo que equivale actualmente a unos US$9,7 millones según el tipo de cambio mayorista.

Esta equivalencia responde únicamente a fines comparativos, no representa una actualización ordenada por la Justicia ni implica que Casaretto o los denunciados sean responsabilizados por haberse apropiado de esa suma.

La causa penal se originó en junio de 2014.

Fue el propio Casaretto, entonces cabeza de ATER, quien hizo la denuncia inicial, la cual luego se amplió hasta englobar maniobras perpetradas desde 2004.

El dispositivo implicaba incluir datos ficticios en el sistema tributario, que colocaban a determinados contribuyentes como acreedores del Estado por montos inexistentes.

Esos créditos simulados se empleaban para pagar deudas tributarias reales, de modo que el efectivo no ingresaba nunca a las cuentas provinciales.