El Club de Exportadores pide suspender dos medidas climáticas de la UE por mermar la competitividad industrial

El Club de Exportadores e Inversores Españoles ha planteado poner en suspensión el sistema europeo de comercio de emisiones (ETS, por sus siglas en inglés) y el mecanismo de ajuste en frontera por carbono (CBAM), al considerar que ambos instrumentos elevan los costes de la industria europea, impulsan la inflación y ponen en riesgo el empleo y la competitividad exterior.

Así lo recoge una nota técnica elaborada para la organización por Antonio Merino, técnico comercial y economista del Estado, que analiza el impacto de ambos mecanismos sobre la actividad industrial de la Unión Europea.

Según el estudio, la combinación del ETS y el CBAM produce un efecto equivalente a la introducción de "un arancel interno", al obligar a los productores europeos a asumir el coste del carbono integrado en la energía y los materiales empleados, mientras sus competidores de terceros países pueden operar con costes energéticos y regulatorios inferiores.

Merino reconoce que el CBAM mitiga parcialmente el efecto del ETS en determinados productos básicos, como el acero, el aluminio, los fertilizantes o el cemento.

Sin embargo, sostiene que no resuelve la situación de los sectores industriales transformadores, cuyos productos importados no están sujetos al mecanismo pese a concentrar una parte relevante del valor añadido industrial europeo.

Además, advierte de que el mecanismo de ajuste en frontera puede introducir nuevos costes a lo largo de las cadenas de producción, lo que agravaría la pérdida de competitividad de las empresas europeas frente a sus rivales internacionales.

MÁS COSTE DEL CARBONO La nota técnica señala que la presión sobre la industria se ha intensificado en los últimos años por el encarecimiento de los derechos de emisión.

Tras la eliminación en 2013 de las asignaciones gratuitas para la generación eléctrica y el endurecimiento, desde 2021, de la senda de reducción del techo de emisiones, el precio del CO2 llegó a alcanzar los 100 euros por tonelada en 2022.

Este incremento repercute especialmente en las actividades con un consumo energético elevado.

En el caso de la industria del automóvil, Merino estima que, con un precio de 100 euros por tonelada de CO2, el coste de los derechos de emisión puede situarse entre 600 y 800 euros por vehículo.

Dado que los fabricantes del sector operan con márgenes de entre el 3% y el 6%, el experto calcula que ese sobrecoste podría absorber entre el 30% y el 70% del beneficio unitario.

El efecto sería más acusado en las exportaciones, ya que los bienes producidos en Europa incorporan el coste del carbono soportado durante toda la cadena de producción, mientras que los productos competidores no necesariamente afrontan una carga equivalente.