Madrid contrata a una empresa estatal para que mantenga las 13 bibliotecas publicas ante las quejas de los usuarios: 35 grados, 88 reclamaciones y 45 incidencias por calor

La Comunidad de Madrid ha tenido que contratar a una empresa estatal, Tragsa , para que le lleve el mantenimiento de las 13 bibliotecas públicas y los seis bibliometros que dependen del Ejecutivo regional.

Y lo ha hecho porque la anterior empresa que hacía este servicio ( Clide Mantenimiento ) no cumplía con lo estipulado.

De hecho, el Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso tuvo que rescindirle el contrato porque incluso puso en riesgo la seguridad de los visitantes y ni siquiera cambiaba las bombillas que se estropeaban.

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte impuso una sanción a Clide de 414.000 euros por daños y perjuicios.

Los problemas no se han solucionado del todo.

Marisa Escalante , diputada de Más Madrid, denuncia que este verano se han alcanzado “temperaturas asfixiantes” de hasta 35 grados, problemas de climatización que han provocado 88 quejas y 45 incidencias de climatización.

Estos datos proceden de la propia Comunidad, tras varias peticiones de información que ha realizado Más Madrid.

Escalante denuncia que “ 12 de las 13 bibliotecas autonómicas han necesitado actuaciones de climatización solo entre mayo y julio y reclama un plan de renovación de los equipos ”.

Tras el fracaso con Clide, la Comunidad de Madrid ha encargado este servicio de mantenimiento al Grupo Tragsa, que forma parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Lo de Tragsa no viene de una licitación abierta a otras empresas, sino de un convenio firmado en julio.

Madrid argumenta esta decisión porque “un procedimiento de contratación de un nuevo expediente de mantenimiento preventivo por procedimiento abierto supone un plazo muy superior al que se produce a través de encargo, y no se puede garantizar mediante contratos menores el adecuado y completo mantenimiento y el correcto estado de conservación que asegure el funcionamiento continuado y eficaz de las bibliotecas”.

Por eso se procedió al encargo a Tragsa.

No se podía esperar más.

“El retraso en la formalización del mantenimiento puede conllevar deterioros mayores en elementos esenciales de funcionamiento, que causen daños no reparables que originen la necesidad de sustituir equipos e instalaciones y perjudiquen gravemente el funcionamiento de la actividad de los edificios, pudiendo llegar a provocar el cierre de los mismos, así como la falta de mantenimiento obligatorio podría derivar en sanciones por parte de autoridades competentes o incluso en cierres temporales o falta de cobertura de las compañías aseguradoras”, admiten desde el Gobierno regional, que pagará 592.343 euros por este año y 2027.