Gobierno reportó presuntas irregularidades en 11 cajas de compensación familiar: hay 3 entidades bajo seguimiento especial

El Gobierno colombiano informó que encontró presuntas irregularidades administrativas y financieras en 11 de las 42 cajas de compensación familiar del país que han estado bajo algún tipo de medida de intervención.

Las alertas se concentran, entre otros casos, en Comfamiliar Atlántico, Comfenalco Antioquia y Comfaguajira, entidades que también son objeto de seguimiento preventivo por parte de la Procuraduría General de la Nación.

Las cajas de compensación administraron cerca de 14,1 billones de pesos durante 2025, recursos que provienen en buena parte del aporte equivalente al 4% de la nómina de los trabajadores.

El Ejecutivo afirmó que trasladó la documentación recopilada a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría General de la República para que determinen si existen responsabilidades penales, disciplinarias o fiscales.

Desde la Presidencia señalaron que las cajas “son patrimonio de los trabajadores colombianos y de sus familias, no una prenda de ningún proyecto político ni de ninguna bandera partidista”.

El Gobierno sostuvo que busca proteger los recursos destinados a subsidios, servicios sociales y programas para los afiliados y sus hogares.

Comfamiliar Atlántico quedó bajo la lupa por cambios y contratos previos a la intervención Uno de los principales focos de la revisión es Comfamiliar Atlántico, cuya intervención administrativa fue ordenada en julio de 2026.

Según la información divulgada por el Gobierno, en la entidad se detectaron cambios de última hora en la estructura administrativa, creación de cargos y contratos de larga duración que superarían el periodo previsto para la medida.

El vocero gubernamental Miller Soto señaló que también se identificaron posibles incompatibilidades y vínculos contractuales entre personas relacionadas con la caja y el organismo encargado de ejercer vigilancia.

A ello se suman modificaciones contractuales con posibles impactos económicos millonarios, denuncias de presunto acoso laboral y eventuales maniobras fraudulentas.

Estos hallazgos aún deberán ser verificados por las entidades competentes.

La remisión de los documentos no implica una declaración de responsabilidad individual, pues esa determinación corresponde a los organismos de control y a la justicia dentro de los procesos que se abran.

La Procuraduría informó que realizó dos visitas administrativas a las instalaciones de Comfamiliar Atlántico después de la intervención.

El propósito fue conocer el desarrollo de la medida y las condiciones institucionales de la entidad durante ese periodo.