Piden bloquear la ley que firmó Newsom para proteger a inmigrantes que van a centros de detención del ICE en California

GEO Group , una empresa privada que opera centros de detención migratoria , presentó una demanda federal para bloquear la ley SB 942 , firmada por el gobernador de California, Gavin Newsom, el 29 de septiembre.

La norma establece derechos de salud, privacidad, higiene y comunicación para personas detenidas por procedimientos migratorios civiles.

Por qué piden bloquear la ley SB 942 en California Según Los Angeles Times , la compañía inició el litigio al día siguiente de la firma porque considera que el estado carece de autoridad para imponer esos estándares a instalaciones que trabajan bajo contratos federales.

La empresa solicita que un juez declare inconstitucional la legislación e impida su aplicación.

Su argumento sostiene que California no puede convertir operaciones federales de detención en instalaciones reguladas por el estado mediante obligaciones dirigidas al contratista que presta el servicio.

Según Los Angeles Times , los abogados de GEO Group afirman que las autoridades estatales pueden discrepar con la política migratoria federal, pero carecen de facultades para modificar sus estándares de detención.

La objeción comprende tanto exigencias que endurecen las reglas como disposiciones que las amplían, flexibilizan o alteran.

La compañía tiene un antecedente favorable en este terreno.

De acuerdo con el mismo medio, un tribunal federal invalidó una ley californiana de 2019 que buscaba prohibir las instalaciones privadas de detención, después de que GEO Group la impugnara judicialmente.

Qué derechos protege la SB 942 para los inmigrantes detenidos por ICE El texto promulgado reconoce atención médica, dental y de salud mental; agua potable; baños y duchas funcionales; alimentación segura y suficiente; y espacios limpios y mantenidos.

También protege frente al abuso, la negligencia y el uso innecesario o excesivo de restricciones físicas, aislamiento o medicación.

Para las familias, la norma incorpora disposiciones sobre el contacto con quienes permanecen bajo custodia.

Reconoce acceso razonable al teléfono para realizar y recibir llamadas confidenciales, aunque permite límites de horario, frecuencia, duración y modalidades de pago para garantizar disponibilidad para todos.

La correspondencia tiene una protección específica: las cartas o documentos enviados a abogados, tribunales o funcionarios gubernamentales, o recibidos de ellos, solo pueden ser leídos por su destinatario.