Procesaron por coimas y sobreprecios a Facundo Leal, extitular de Arsat

El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli procesó por corrupción a Facundo Leal , extitular de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (Arsat) durante las gestiones de Alberto Fernández y Javier Milei, tras el cobro de sobornos por el alquiler de galpones con sobreprecios.

Lo considera responsable de un esquema de contrataciones direccionadas y coimas a favor de Argentina Logistic Services (ALS), la empresa que durante cuatro años le dio a la compañía estatal servicios de fletes, grúas y guarda de equipos en un depósito de San Fernando.

El magistrado entendió que Leal es responsable, con las evidencias recogidas al momento, de negociaciones incompatibles con la función pública, administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho pasivo.

También le trabó un embargo de $3000 millones sobre sus bienes.

Para esos delitos, sumados, la escala penal en caso de una condena va de 2 a 12 años de prisión.

Leal no quedó detenido en este expediente, pero tampoco está libre, pues cumple arresto domiciliario en su departamento de la calle Ortiz de Ocampo , en Palermo, al cuidado de su novia.

Lo dispuso el juzgado federal de Daniel Rafecas , que lleva la causa paralela por drogas que se abrió después de que en esa misma casa los investigadores encontraran 128 gramos de ketamina, 164 gramos de cristal MDMA, 72 pastillas de MDMA y 14 gramos de clorhidrato de cocaína, además de US$8133.754 en efectivo.

Mirabelli procesó con Leal a otros cuatro exfuncionarios de Arsat: Gerardo Boschin , exgerente de Compras y Contrataciones y luego de Administración y Finanzas; Pablo Pagani, exsubgerente de Servicios Corporativos y Logística; Juan Andrés Navarro, exsubgerente de Administración y luego gerente Comercial, y Juan Antonio Álvarez, comprador de la empresa.

Varios de ellos son mendocinos, como Leal.

Del lado privado, procesó a los directivos de ALS Fernando Paredes, presidente, y los hermanos Diego y Gastón Padilla, directores; a la empleada Sofía Varela Vizgarra, y al empresario Santiago Pando, a quien el fallo describe como el intermediario y “amigo” de Leal.

A todos les imputó el cohecho activo, es decir, pagar sobornos.

La firma ALS también fue procesada como persona jurídica, en los términos de la ley de responsabilidad penal empresaria.

Leal, Boschin y Pagani fueron embargados por $3000 millones cada uno.

Para Navarro y Álvarez, el juez dictó falta de mérito en el delito de cohecho porque no se probó que hayan recibido dinero personalmente.