Oposición pide a Sala IV frenar decreto de Laura Fernández sobre secreto de Estado

El Bloque Democrático , integrado por las bancadas del Partido Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA), Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y la bancada de Coalición , presentó ante la Sala Constitucional una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo N.° 45870-MSP, impulsado durante la administración de la presidenta Laura Fernández.

La agrupación opositora sostiene que la normativa establece un alcance excesivo del concepto de “secreto de Estado” al incluir información relacionada con organismos y estructuras vinculadas con la seguridad nacional, entre ellas el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) y la denominada “Fuerza Élite”.

El reclamo presentado ante la Sala IV busca frenar lo que el bloque considera un “cerco de opacidad” sobre información relacionada con presupuestos, compras públicas y contrataciones vinculadas con estas estructuras.

El Bloque Democrático sostiene que la protección de la seguridad nacional es una función esencial del Estado, pero considera que esta no puede utilizarse como argumento para impedir de manera generalizada el acceso a información sobre el uso de recursos públicos.

“Con la seguridad, los derechos y la plata de la ciudadanía no se juega” , señala el comunicado difundido este 19 de agosto de 2026, en el que las agrupaciones políticas justificaron la presentación del recurso.

Los diputados argumentan que los ciudadanos tienen derecho a conocer cómo se utilizan los recursos públicos y que las instituciones encargadas de fiscalizar el gasto estatal deben contar con información suficiente para ejercer sus funciones.

Según la posición expresada por el bloque, ocultar presupuestos, compras públicas y contrataciones bajo una interpretación amplia de la seguridad nacional podría impedir controles sobre las decisiones administrativas del Poder Ejecutivo.

La agrupación también advierte que una falta de fiscalización podría facilitar “negocios poco transparentes con el Estado” y generar riesgos asociados al uso discrecional del aparato de seguridad pública.

Mandataria defiende la iniciativa para luchar contra la criminalidad en Costa Rica Tras varias consultas de la prensa, días atrás, Fernández explicó las razones por las cuales tanto ella como su equipo de trabajo decidieron declarar “Secreto de Estado” cualquier información relacionada con el combate de la criminalidad en Costa Rica.

“La información pública relacionada con la seguridad nacional siempre va a ser de acceso libre.

Ahora bien, lo que no va a ser de acceso libre es la información que pueda poner en riesgo la seguridad nacional.