Casación ordenó revisar si un ex funcionario puede extinguir una causa por desvío de fondos con una reparación económica

En una causa iniciada para investigar el presunto desvío de fondos públicos destinados a la producción algodonera en la provincia de Santiago del Estero, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal anuló por mayoría la resolución que había rechazado el pedido de Rubén Darío Giorgis , exsubsecretario de Producción provincial, para extinguir la acción penal mediante una reparación económica integral.

El imputado había ofrecido pagar $2,5 millones y donar otro millón de pesos.

La decisión fue adoptada este jueves por los camaristas Carlos Mahiques y Mariano Borinsky , con la disidencia de Guillermo Yacobucci .

El máximo tribunal penal del país resolvió “ hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa, casar y anular la resolución impugnada y reenviar las actuaciones para que el tribunal emita un nuevo pronunciamiento ”.

La investigación comenzó el 30 de marzo de 2016 , cuando María del Carmen Castillo , empleada del Ministerio de Producción de Santiago del Estero, se presentó en la casa central del Banco Nación de esa provincia para cobrar y depositar cheques librados por la Coordinadora Provincial de Algodón .

De acuerdo a los antecedentes reseñados en el fallo, los documentos presentaban adulteraciones “ respecto al beneficiario de los títulos valores ”, circunstancia que dio origen a la denuncia judicial.

A partir de ese episodio, la acusación fiscal reconstruyó una maniobra de mayor alcance.

El requerimiento de elevación a juicio sostuvo que entre 2015 y marzo de 2016 habría funcionado dentro del Ministerio de Producción provincial una estructura destinada a defraudar al Estado nacional mediante la disposición irregular de fondos enviados a Santiago del Estero para promover la actividad algodonera .

Los recursos, en rigor, provenían del Plan de Desarrollo Sustentable y Fomento de la Producción Algodonera , creado por la Ley 26.060 en 2005, durante el gobierno de Néstor Kirchner .

La norma estableció, entre otras herramientas, un seguro agrícola y un Fondo de Compensación de Ingresos para sostener la producción frente a contingencias y oscilaciones de precios.

En 2014, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner , la Ley 26.933 prorrogó por otros diez años la vigencia de ese fondo y elevó sus recursos a $160 millones .

Para 2016, ya durante el gobierno de Mauricio Macri , el régimen continuaba bajo la órbita del Ministerio de Agroindustria de la Nación , que ese año trató la distribución del fondo para la campaña 2016/17.

En el expediente, la acusación alegó que los fondos enviados a Santiago del Estero estaban destinados a “ la asistencia integral de esas actividades agrícolas, el otorgamiento de créditos, asistencia técnica y campañas sanitarias ”.