Marchas en Colombia | Jennifer Pedraza anunció demanda ante el Consejo de Estado del decreto de Abelardo de la Espriella que reforma actuación de la fuerza pública en protestas

El martes 13 de octubre de 2026, en vísperas de la primera jornada de movilizaciones en contra del Gobierno de Abelardo de la Espriella por parte de algunos sectores de oposición (convocada por el expresidente Gustavo Petro para el miércoles 14 de octubre), se anunció ante el Consejo de Estado la primera demanda contra el Decreto 1525 de 2026, que regula la protesta social, firmado el mismo día por parte del mandatario.

La acción fue liderada por parte de la senadora Jennifer Pedraza, que compartió a través de su cuenta de X las razones que la llevaron a entablar la acción judicial.

“Demandamos el decreto que reforma el uso de la fuerza pública en la protesta.

Es regresivo e inconstitucional”, inicia la declaración que compartió Pedraza.

En el primer punto, la congresista de Dignidad y Compromiso argumentó que “solo el Congreso, mediante ley estatutaria, puede fijar los casos en que se limita el derecho a la protesta (art.

37 de la Constitución)”, y agregó que “hacerlo por decreto debilita la movilización y la división de poderes”.

Sobre el Decreto 003 de 2021, y que modificó el Gobierno de Abelardo modifica, Pedraza sustentó que se creó a partir de una orden de la Corte Suprema como consecuencia de los excesos de la fuerza pública (agentes del entonces Escuadrón Móvil Antidisturbios —Esmad— y ahora denominada Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden —Undmo—) en 2019, “el Gobierno lo cambió con una consulta de solo 7 días y sin convocar la Mesa Nacional de Garantías”.

Según lo que expresó la senadora, este “nuevo decreto convierte el diálogo en una simple ‘preferencia’ y permite saltárselo, también la mediación, incluso cuando no hay violencia”, y de esta manera “abre la puerta a disolver protestas pacíficas por bloqueos”, añadió Pedraza, que calificó la situaicón como “un retroceso”.

“La protesta es pacífica, pero también disruptiva”, agregó la congresista, tras detallar que “bloquear una vía no es delito por sí solo (C-742/12), y el Gobierno lo justifica con cifras gremiales que él mismo reconoce como no verificadas”.

Al final, Pedraza recordó que “cuando se debilitan los contrapesos, la protesta pacífica es la herramienta para defender otros derechos: la libre asociación, la educación, la autonomía y la consulta previa”.

Jennifer Pedraza sobre el decreto del Gobierno nacional y sus reparos a Abelardo de la Espriella En declaraciones a La FM, Pedraza dijo que el decreto que ha emitido el gobierno de Abelardo de la Espriella “es inconstitucional porque al modificar un derecho fundamental como lo es el derecho a la protesta, debe ser tramitado como un proyecto de ley estatutaria ante el Congreso”.