HRW insta al Gobierno de Túnez a cesar la represión y el acoso judicial a activistas y ONG

Túnez, 2 sep (EFE).- La organización Human Rights Watch (HRW) instó este lunes al Gobierno de Túnez a poner fin a la represión contra la sociedad civil y a cesar en el "acoso" judicial y la "criminalización" del trabajo de activistas en organizaciones defensoras de los derechos humanos.

En un informe publicado hoy bajo el título "Una vida con un alto costo: la represión de la sociedad civil en Túnez", HRW manifestó que, desde el 25 de julio de 2021, cuando el presidente Kais Said se arrogó plenos poderes, el país comenzó la deriva hacia "el autoritarismo".

Entonces, Said destituyó al Ejecutivo y suspendió el Parlamento, al tiempo que propuso un nuevo proyecto político que modificó la Constitución hacia un sistema ultrapresidencialista, para "rectificar el curso de la transición democrática", ante lo que consideró "un empeoramiento de las condiciones del país".

Para HRW, la decisión "socava gravemente la separación de poderes, al debilitar el Parlamento y erosionar la independencia del poder judicial", derivando en "represión, intimidación y detención arbitraria de opositores y voces independientes" que enfrentan "procesos y condenas por ejercer sus derechos".

Destacó que las ONG en Túnez desempeñan un papel "clave" en la prestación de asistencia jurídica y en el acceso a la protección o refugio de solicitantes de asilo, que quedan "en peligro" con los enjuiciamientos de trabajadores sociales, "a menudo encarcelados y obligados al exilio y a desmantelar los grupos de apoyo".

Según la organización internacional, al menos, 47 personas relacionadas con ONG fueron procesadas, 14 de las cuales fueron condenadas con penas de prisión.

Los encarcelamientos se basaron en una "interpretación muy amplia" de las leyes contra el terrorismo y el blanqueo de dinero, y la normativa contra el enriquecimiento ilícito, "para justificar los cargos contra los defensores de los derechos humanos, sin pruebas aparentes de faltas de conducta financiera".

Por otra parte, HRW recordó las suspensiones "arbitrarias, destinadas a intimidar y silenciar a los actores de la sociedad civil", de más de 20 ONG, entre julio y octubre de 2025 y abril y mayo de 2026, por supuestas "irregularidades administrativas", que según sus directivas, eran inexistentes.

Ante esta "deriva", la organización instó al Ministerio de Justicia a "dejar de utilizar la prisión preventiva para mantener a trabajadores de ONG y a defensores de derechos humanos encarcelados" y ordenar a los fiscales "no usar leyes abusivas para procesar a personas por su trabajo en asociaciones".

Además, pidió al Parlamento que vele para que las ONG "puedan operar libremente, retirando los proyectos de ley de asociaciones que violarían el derecho a la libertad de asociación y derogando los decretos dictados unilateralmente por Said, ya que socavan la independencia judicial".

Por último, instó a la comunidad internacional a exigir la liberación de defensores de los derechos humanos, activistas y otros detenidos "arbitrariamente" y la anulación de condenas relacionadas con el trabajo de las asociaciones. EFE