Capturados cuatro militares retirados por tráfico de material de guerra que sustraían de unidades militares: el líder de la banda coordinaba desde la cárcel
El Ejército Nacional informó este 22 de septiembre de 2026 la captura de cuatro militares retirados y dos particulares requeridos por tráfico de material de guerra.
A partir de información de inteligencia, el Comando indicó que el jefe de la red “vendría adelantando y coordinando todas las actividades delictivas desde la cárcel La Picota”.
La operación estuvo a cargo del Gaula Militar, con apoyo de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.
Las órdenes de captura se emitieron por concierto para delinquir con fines de tráfico de material de guerra.
Los detenidos fueron ubicados en Ibagué, Tolima; Armenia, Quindío; Florencia, Caquetá; Villavicencio, Meta, y Bogotá.
Todos quedaron a disposición de las autoridades para su judicialización.
Según el comunicado , la organización estaba integrada por retirados de las Fuerzas Militares y civiles que extraían piezas de armas, municiones y accesorios de unidades militares para comercializarlos y trasladarlos hacia el oriente del país .
El material tenía como destino estructuras criminales de Meta y Guaviare.
El Ejército ratificó su posición institucional frente a estos hechos: “Cero tolerancia con actos de corrupción y toda actividad que vaya en contravía del marco jurídico, principios y valores institucionales”.
Capturan a ocho militares activos y un retirado por presunto peculado y falsedad en documentos El 25 de agosto de 2026 se comunicó que nueve militares vinculados al Ejército Nacional de Colombia fueron capturados por presuntos delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento público.
El grupo está conformado por ocho uniformados activos y un sargento primero retirado.
Las órdenes judiciales fueron emitidas por la Fiscalía 03 Seccional de Cúcuta.
En el operativo participaron el Gaula Militar, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.
La investigación se prolongó durante más de 18 meses y se enfocó en posibles anomalías administrativas y en el manejo de bienes y recursos destinados a distintas unidades del Ejército Nacional.
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