Avanza una investigación por cobrar de más a pasajeros de colectivos que incluye un presunto fraude en subsidios

La Justicia resolvió que siga abierta una investigación por un presunto fraude de 30 mil millones de pesos en subsidios estatales otorgados a empresas de colectivos, en base a una supuesta maniobra con el cobro de trayectos mayores a los que en realidad hacían pasajeros.

Ex choferes de las líneas involucradas declararon como testigos bajo juramento de verdad que los amenazaban con sanciones si no cobraban por viajes más largos a los pasajeros y además se constató que más de un centenar de usuarios reclamaron ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte por “cobros indebidos o a la incorrecta asignación de secciones tarifarias”, en el período investigado, según advirtió el juez federal Sebastián Casanello en una resolución donde rechazó apartar como querellantes a cámaras del sector que denunciaron los hechos.

Además, ratificó la continuidad de la pesquisa donde hay reclamos de citación a declaración indagatoria que deben resolverse.

El juez rechazó un planteo de “excepción de falta de acción” presentado por una de las tres empresas denunciadas y ratificó a los querellantes.

“ Hoy no hay menos sino más razones para reconocer a quienes promovieron la actuación del órgano administrativo en defensa de los intereses representados -y luego, formalizaron la denuncia penal- el derecho que la ley les otorga para acceder a la jurisdicción y litigar” , enfatizó en la resolución a la que accedió Infobae .

Casanello sostuvo que la investigación registra hasta ahora “un avance sustancial” en materia de prueba.

“El cuadro probatorio no se encuentra agotado, pero las pruebas ya recabadas le otorgan a la hipótesis un grado de verosimilitud que ha justificado un pedido de audiencias indagatorias y que exige legalmente la continuidad de la pesquisa y no descartarla como pretende el apoderado de la empresa denunciada”, puntualizó.

La investigación se abrió hace nueve meses y en un principio estuvo en otro juzgado, el federal a cargo de Julián Ercolini y delegada en la fiscalía federal de Franco Picardi , desde donde se ordenaron medidas de prueba como un relevamiento del funcionamiento de los equipos instalados en los colectivos de las líneas denunciadas.

Luego la Cámara Federal porteña ordenó el pase al juzgado de Casanello, porque allí tramita otra denuncia previa que presentó una empresa imputada contra las cámaras autoras de esta presentación por un presunto intento de perjudicarla.

Choferes y pasajeros Los choferes citados a declarar en los tribunales federales de Retiro coincidieron en que recibieron instrucciones para marcar secciones mayores, “bajo amenazas de sanciones, independientemente del recorrido real efectuado por los pasajeros”.