Discapacidad: el Gobierno quiere derogar la ley de emergencia y puntos históricos del sistema de prestaciones

El proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el gobierno de Javier Milei impulsa un cambio de fondo en el sistema de prestaciones para personas con discapacidad .

La propuesta abarca la derogación de varios artículos de la Ley de Emergencia en Discapacidad , y otros aspectos históricos del régimen que está vigente desde hace más de 30 años.

El corazón de la reforma apunta a modificar el Nomenclador de Prestaciones Básicas , que ya “ no incluirá valores universales ”, señala la redacción del presupuesto.

Es decir, quedaría sin efecto el listado con aranceles de referencia para obras sociales, prepagas y prestadores que ofrecen servicios a las personas con discapacidad.

El otro punto fundamental es que se propone volver al esquema de pensión por invalidez , por el cual quienes cuenten con un Certificado Único de Discapacidad (CUD) no será garantía de acceso a las prestaciones.

Tampoco se podrá percibir este beneficio si alguien cuenta con un empleo registrado.

La motosierra al andamiaje legal se observa en el Capítulo VI del Presupuesto 2027, donde los artículos 36 a 41 sustituyen o derogan aspectos clave de la ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, y modifican en forma permanente las leyes 13.478, que regulan las pensiones no contributivas por invalidez laboral , y la 24.901, que crea el sistema de prestaciones básicas de atención integral a la discapacidad, que rige desde 1997.

“El nuevo texto elimina dos principios fundamentales .

Que los aranceles sean iguales para todas las obras sociales, prepagas y el Estado.

Que esos aranceles se actualicen automáticamente mediante el índice de movilidad jubilatoria.

Y ahora establecen expresamente que ‘ la universalidad no implicará la homogeneidad de aranceles’ , expuso el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro .

De esta forma, si bien la iniciativa garantiza formalmente “la universalidad de la atención” del sistema de prestaciones, la modificación desregula los aranceles obligatorios y “las modalidades de financiamiento”.

Se lo reemplaza por un “ piso mínimo prestacional común , definido por estándares de calidad, oportunidad y adecuación de la prestación”.

Además, cada obra social o prepaga podrá definir valores y cubrir las terapias que quiera, según se desprende del proyecto en el análisis de la oposición.