El acuerdo de Trump para acceder al petróleo de Venezuela despierta dudas legales y sobre su viabilidad

CARACAS.– El acuerdo petrolero de largo plazo anunciado por Estados Unidos y Venezuela , que otorgaría a empresas vinculadas a Washington acceso a una quinta parte de las reservas de crudo recuperable del país sudamericano , enfrenta dudas sobre su legalidad , sus condiciones económicas y la capacidad real de poner en producción los yacimientos .

El pacto, presentado por el presidente estadounidense Donald Trump como “el mayor acuerdo petrolero en la historia del mundo” , contempla el desarrollo de 17 campos con un potencial de unos 65.000 millones de barriles .

La cifra supera las reservas probadas totales de Estados Unidos, estimadas en unos 46.000 millones de barriles.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez , dijo que el acuerdo tendrá una duración de 25 años y permitirá atraer 100.000 millones de dólares en inversiones , además de generar unos 209.300 millones de dólares en regalías e impuestos para el Estado venezolano.

Pero el texto completo del acuerdo no fue publicado y tampoco se conocen todos los participantes.

Estados Unidos no informó qué empresas privadas operarán los campos .

El secretismo que rodeó las negociaciones es uno de los principales motivos de preocupación entre especialistas.

El acuerdo fue negociado en medio de una reforma de la legislación petrolera venezolana y mientras el gobierno avanza en la modificación de contratos y empresas mixtas existentes.

“Si el objetivo era tratar de disminuir el riesgo de invertir en Venezuela, con esta transacción Estados Unidos pudiera estar haciendo lo contrario: debilitando aún más la poca institucionalidad que existe en el país” , dijo Luisa Palacios, investigadora del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia.

Las dudas legales Uno de los puntos más controvertidos es que Estados Unidos tendría un papel central en la selección del modelo de negocios y de las empresas encargadas de operar los yacimientos , según los términos conocidos hasta ahora.

La presidenta venezolana sostiene que el acuerdo respeta la legislación nacional y preserva la propiedad y la soberanía de Venezuela sobre sus recursos.

Sin embargo, abogados cuestionan la capacidad de las autoridades actuales para comprometer al país durante décadas.

“El acuerdo es formalmente reconocido por Estados Unidos, pero en un futuro eso podrá discutirse en tribunales ”, dijo Juan Carlos Apitz decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela.

También existe incertidumbre sobre la estabilidad del pacto frente a futuros cambios políticos en Washington o Caracas .