Víctor Zanabria, exjefe de la PNP, se acoge a la ‘Ley Rospigliosi’ sobre fuero militar: PJ suspendió juicio

El excomandante general de la Policía Nacional del Perú, general (r) Víctor Zanabria , se acogió a la Ley 32735 , conocida como la ‘ Ley Fernando Rospigliosi ’ que excluye de la justicia ordinaria (Poder Judicial) a los miembros de la PNP y de las Fuerzas Armadas (FF.

AA.) por delitos de función.

Estos casos pasan, según la norma, a ser competencia del Fuero Militar Policial .

Según la captura de una resolución difundida por OjoPúblico, Zanabria Angulo y su coprocesado, el exsuboficial Rolando Rodríguez Bilbao , solicitaron la aplicación de la Ley cuyo objetivo supuestamente es “precisar el delito de función, fortalecer la función militar policial y establecer sanciones a militares y policías que participen en bandas u organizaciones criminales”.

Cabe precisar que dicho requerimiento aún no ha sido resuelto.

Debido a que se trata de un recurso que cuestiona la competencia del Poder Judicial para seguir con el proceso penal contra los efectivos policiales, el Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Arequipa decidió dejar sin efecto el juicio oral.

La instalación del juicio oral estaba programada para el próximo lunes 31 de agosto.

El Juzgado primero resolverá el pedido del excomandante general de la PNP y su coacusado para que se aplique la ‘ Ley Rospigliosi .

Únicamente si este pedido es rechazado, el caso continuará en el PJ y se fijará nueva fecha.

Caso contrario, sería remitido al Fuero Militar Policial .

El caso Policías Albañiles Se trata del caso conocido como “Policías albañiles”, donde el Ministerio Público acusa a Víctor Zanabria Angulo , entonces jefe de la IX Macro Región Policial de Arequipa, de haber concertado con el maestro de obra Claver Fredy Colquehuanca Quispe la contratación directa —sin proceso de selección— del servicio de acondicionamiento del patio de armas y cenotafio del complejo policial.

El acuerdo ilegal habría fijado el pago al contratista en 4.700 soles, pero el monto fue valorizado en 17.600 soles con cargo al erario público, lo que habría generado un perjuicio patrimonial al Estado de aproximadamente 12.900 soles.

A ello se suma que Zanabria Angulo habría ordenado que efectivos policiales asignados al patrullaje a pie realizaran labores de albañilería en beneficio del contratista, como si fueran sus propios obreros, mientras el Estado les pagaba sus sueldos como si estuvieran en funciones regulares.

Además, se le imputa haber intentado apropiarse del monto total de 17.600 soles depositado en la cuenta de Colquehuanca.