Panamá debe demostrar ante el GAFI que sus mecanismos de prevención y recuperación de activos son efectivos

El proceso de evaluación que afrontará Panamá ante la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera Internacional ( GAFI ) exigirá que el país no solo cumpla con la normativa vigente, sino que demuestre con pruebas fehacientes la eficacia de su sistema de prevención y control de delitos financieros.

El nuevo enfoque pone el acento en que Panamá presente estadísticas, resultados y evidencias claras sobre el funcionamiento de sus mecanismos de supervisión, inteligencia financiera, investigación y recuperación de activos.

Esto lo subrayó Isabel Vecchio Arófulo, quien ocupa la presidencia pro tempore del Gafilat y es secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales del Ministerio de Economía y Finanzas.

En la práctica, la evaluación mutua funciona como un examen internacional en el que especialistas de distintas jurisdicciones revisan tanto el cumplimiento formal de las 40 recomendaciones del GAFI como la capacidad real de las instituciones panameñas para identificar, prevenir, investigar y sancionar el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación.

Panamá deberá evidenciar ante los evaluadores que sus controles no son meros trámites normativos, sino que producen resultados tangibles y se adaptan a los riesgos más relevantes del sistema financiero nacional.

Este reto se convierte, según las autoridades, en una oportunidad para revisar y reforzar los mecanismos institucionales, optimizar la persecución de delitos financieros y avanzar en la alineación con los estándares globales del GAFI.

La Quinta Ronda introduce modificaciones sustanciales en la forma de evaluar los sistemas antilavado de cada país.

Entre los cambios más notables, destaca la valoración independiente tanto del sector financiero como del no financiero, así como un foco renovado en temas como los activos virtuales, la transparencia en la titularidad de las empresas, el control sobre organizaciones sin fines de lucro y la recuperación eficiente de activos.

Según Vecchio, estos elementos obligarán a que todos los actores del sistema nacional -desde organismos públicos hasta empresas y sociedad civil- coordinen esfuerzos y preparen respuestas integrales.

La evaluación, puntualizó, corresponde a la totalidad del Estado panameño y no a una administración específica, por lo que la colaboración interinstitucional y el consenso con el sector privado y organizaciones sociales resultan esenciales.

Entre los aspectos clave de la evaluación destacan la identificación de riesgos, la transparencia y el acceso a la información sobre los verdaderos propietarios de sociedades, la supervisión basada en riesgos, la inteligencia financiera, la cooperación internacional y la recuperación de activos.